Cauca concentra particularidades en cuanto a su territorio y población que hacen de este departamento uno de especial atención para la implementación de cualquier política pública. No es la excepción con el tema de víctimas teniendo en cuenta que en el departamento hay 362.031 personas incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), 313.134 de ellas sujetos de atención.
Existen otros aspectos que se deben considerar: la proporción de víctimas étnicas en el Cauca supera el 48% del total de las incluidas en el RUV. Es, también, el departamento con mayor número de Sujetos de Reparación Colectiva con 152 de ellos; y el cuarto más afectado por eventos masivos del conflicto armado. Todo esto hace indispensable un enfoque étnico en la atención estatal a las víctimas del departamento.
Esa fue la principal consideración de la audiencia pública sobre la reforma a la Ley de Víctimas, que se realizó este viernes en Popayán, Cauca, y en la que participaron más de 250 personas entre líderes de víctimas del conflicto armado y víctimas no organizadas, funcionarios del Gobierno nacional y local, congresistas, delegados de organismos de control y de organizaciones de la sociedad civil.
Durante la audiencia, que se extendió por más de cinco horas, varias voces indicaron lo necesario que era tener un espacio de esta índole en el Cauca, para garantizar la participación ciudadana de un departamento con tantas particularidades y, como dijo durante la instalación de la audiencia el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, contribuye a “darle fuerza a las actualizaciones que se necesitan para actualizar la Ley 1448 y así hacerla acorde a sus necesidades y realidades actuales”.
Entre las múltiples sugerencias, preocupaciones y peticiones que se hicieron durante las intervenciones, las más frecuentes estuvieron relacionadas con tres aspectos. El primero, la urgencia que muchas personas expresaron de revisar, redefinir y actualizar el concepto de víctima. El segundo, que exista la certeza de que los articulados étnicos de la reforma no serán regresivos. El tercero, que se asegure el compromiso y adecuada articulación interinstitucional para que desde todos los niveles se trabaje en pro del cumplimiento de la actualización a la Ley 1448.
Por eso una de las peticiones más recurrentes fue al Congreso, al que le solicitaron dejar de lado los cálculos partidistas y avanzar en el trámite de la reforma. Como les expresó a los congresistas la coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas, Eucaris Salas: “Es la hora de devolverle al país y a las víctimas todo lo que ellos hacen por y para ustedes en el territorio. No nos queremos seguir sintiendo solos”.
Deuda que incluso reconocieron los congresistas asistentes, como Jorge Bastidas, para quien se requiere recuperar el tiempo que se ha perdido “por no comprender que el tema de la paz no es un tema de partido. Es un tema de Estado y por eso aquí se está metiendo de nuevo a recuperar los acuerdos”.
Si bien el tema de la financiación y las demoras en las indemnizaciones fueron los temas fuertes de las anteriores audiencias públicas, en la de Popayán se exigió más la responsabilidad de los alcaldes y gobernadores. Héctor Marino Carabalí, coordinador de la Mesa de Víctimas el Cauca, expresó que, más allá del dinero, “falta conciencia y voluntad de los mandatarios en estos espacios” al considerar que son quienes “conocen las realidades”.
“Hace falta voluntad de los mandatarios. También quiero hacer la reflexión: hay que devolvernos la dignidad de las víctimas, es un tema humanitario”, aseguró Carabalí, quien fue el primero de muchos participantes en solicitar que se garantice que las particularidades de la comunidad caucana se tengan en cuenta para el trámite de la reforma.
La directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, escuchó las apreciaciones que se expresaron en el recinto y explicó el trabajo que realizó el Gobierno del Cambio con la estructuración del proyecto de reforma, pero aclaró que son los congresistas quienes legislan y de quienes depende el futuro de la iniciativa. “En buena hora, se han juntado todas las voluntades para avanzar en esta discusión, es difícil porque es darle respuesta a una necesidad muy grande, es una de las reformas sociales de justicia social y es un legado muy grande que este Congreso le puede dejar al país y a futuros gobiernos”, destacó la funcionaria.
De igual forma, les manifestó a los alcaldes y gobernadores no solo del Cauca sino de todo el país su disposición a avanzar y trabajar de forma colectiva por la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto. “Aquí no vinimos con oídos sordos, sino con oídos abiertos para que construyamos. No será fácil porque hacemos una tarea que se debió haber hecho hace años, entre todos, y vamos a hacer lo mejor posible para demostrar que si podemos ayudar entre todos en medio de nuestra diversidad a sacar este propósito adelante”.
La gran conclusión que dejó la audiencia pública es que la reforma a la Ley de Víctimas no solo se requiere para actualizar la política de víctimas y sintonizarla con la política de paz, sino que pasa por la deuda con las víctimas y por lo tanto sería un acto de justicia social. Así lo mencionó Salas, para quien la reforma no se trata solo de dinero e indemnizaciones, sino que debe entenderse como un acto de justicia y la garantía de una reparación transformadora”.
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“Debe entenderse como un mínimo acto de justicia, hasta no superar las barreras institucionales. La reparación no devolverá el estado previo al daño, pero sí se aplica con amor con la compresión del otro se cerrarán ciclos de dolor”, expresó la coordinadora de la mesa nacional, con quien coincidió la directora Patricia Tobón Yagarí que calificó las demoras en la actualización como “una bomba de tiempo” y señaló que “si la paz nos importa a todos, debe pasar por las víctimas porque por ellas atravesó la guerra. Este es un tema de justicia social para todos en el país”.
Resaltar el poder transformador de las víctimas del conflicto armado es una de las apuestas más importantes de la Unidad para las Víctimas. Seguimos trabajando para dignificarlas y reconocer su capacidad de cambiar las condiciones de vida de sus familias, comunidades y territorios; son las víctimas del conflicto armado quienes hoy deben tener la palabra, pues son quienes han dado segundas oportunidades y son el referente ético y moral para guiar al país hacia la Paz Total.
