Metas más altas y mayor presupuesto para las víctimas del conflicto armado fueron algunos de los avances que, en materia de atención y reparación, expuso la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, durante la presentación del Examen Periódico Universal (EPU) que se realizó este martes, 7 de noviembre, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
Tobón Yagarí participó en esta jornada en medio de la agenda que desarrolla en Europa con el fin de visibilizar las apuestas de la entidad y posicionar la política pública de víctimas, a través de encuentros con representantes de órganos, comisiones e instituciones de la Unión Europea y organizaciones de víctimas y de la sociedad civil.
Durante su presentación, la funcionaria señaló que, para superar el rezago histórico en la reparación de las más de nueve millones de víctimas, que están incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV), el Gobierno del Cambio definió en su Plan Nacional de Desarrollo “las metas más altas desde la puesta en marcha de la política” y, para el 2024, logró la asignación más alta con un presupuesto que supera los 4,4 billones de pesos.
Asimismo, resaltó que, en materia de indemnización, durante 2023 se logró el mayor valor histórico de asignación presupuestal para el pago de indemnizaciones, llegando a más de un millón de víctimas a octubre 31 de 2023.
“El 53% de los giros de indemnización administrativa han sido entregados a comunidades étnicas, lo que representa un incremento del 45% del promedio histórico. Hasta la fecha, 337.853 personas mayores de 54 años han recibido la medida de indemnización”, afirmó.
Reformas a la Ley de Víctimas y las soluciones duraderas
La directora de la entidad señaló también que, para articular la política pública de víctimas con lo establecido en el Acuerdo Final de Paz, el Gobierno del Cambio le apostó a radicar ante el Congreso de la República un proyecto de reforma a la Ley 1448 de 2011 o más conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras “teniendo en cuenta las necesidades actuales de las víctimas del conflicto armado, atendiendo a las recomendaciones de la sociedad civil y de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad”.
Además, Tobón Yagarí indicó que se ha avanzado en el fortalecimiento de la participación y habló sobre lo que ha hecho la entidad para atender el desplazamiento masivo y los confinamientos. “Venimos fortaleciendo la ruta de ayuda humanitaria. Entre agosto de 2022 y septiembre de 2023 se han atendido 484.772 hogares víctimas de desplazamiento forzado y 5.492 hogares de 107 comunidades étnicas”.
Y explicó: “Adicional a la atención del desplazamiento, se ha brindado ayuda humanitaria a 5.254 víctimas, por confinamiento masivo a 304 comunidades étnicas conformadas por 15.603 hogares en territorios de difícil acceso”.
Por último, la funcionaria aseguró que desde la Unidad para las Víctimas se han definido acciones específicas basadas en las afectaciones particulares de las poblaciones sujetos de especial protección como personas afros, con discapacidad y mayores, así como indígenas, niños y niñas, jóvenes y mujeres.
El Gobierno del Cambio, en cabeza de la Unidad para las Víctimas, se sumó a la agenda global de soluciones duraderas promovidas por Naciones Unidas para entender el fenómeno del desplazamiento forzado desde un enfoque de desarrollo y derechos humanos, y “ha venido trazando una hoja de ruta para la construcción de la estrategia en Colombia”.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
