Irregularidades en el Fondo para la Reparación causaron detrimento en recursos para las víctimas por más de 4.200 millones de pesos

The pérdida de más de 4.200 millones de pesos ($4.203.798.684) por posibles irregularidades en la administración debienes inmuebles del Fondo para la Reparación a las Víctimas y anomalías en la contratación de bienes y servicios durante el periodo 2018-2022, fueron algunos de los principales hallazgos de una auditoría forense realizada a dicho fondo en consecuencia de alertas por presuntos actos de corrupción.

Este análisis fue realizado luego de una solicitud de la actual administración de la Unidad para las Víctimas, con el fin de lograr un diagnóstico del estado del FRV y así determinar posibles irregularidades en el manejo de los bienes destinados a la reparación de las víctimas reconocidas en las sentencias de la Ley de Justicia y Paz. La auditoría fue realizada por la Secretaría de Transparencia.

Para este Gobierno es una prioridad recuperar y proteger los recursos públicos de las víctimas del conflicto armado. Por esa razón, a medida que avanzaba la auditoría y se iban identificando los hallazgos, la Unidad adelantó diferentes acciones de mejora con el fin de evitar una mayor afectación y contener el detrimento identificado.

¿Cuáles son los principales hallazgos?

Según la auditoría, la principal causa del detrimento de los 4.200 millones de pesos es porque se pudo identificar que, en algunos casos, no se consideró el área total de los inmuebles a la hora de calcular los cánones mensuales de arrendamiento, lo que resultó en valores muy por debajo del precio correspondiente a la realidad de los inmuebles. Según la auditoría forense, esta irregularidad causó la pérdida de 3.786 millones de pesos ($3.786.954.885) entre 2018 y 2022.

El análisis también arrojó que otra de las causas de este detrimento fue que el canon de arrendamiento reportado era inferior al de la estimación, causando perdidas por 98 millones de pesos ($98.684.438). Además, la auditoría indica que, en ciertos casos, el método sugerido para la estimación del canon es el que le generó menos ingresos al Fondo para la Reparación a las Víctimas, causando un detrimento mayor a los 63 millones de pesos ($63.485.289).

Otros hallazgos sobre los posibles malos manejos que presuntamente causaron este detrimento en los recursos percibidos por el arrendamiento de bienes inmuebles son:

• El detrimento patrimonial de 233 millones de pesos ($233.460.885) debido a que la estimación del canon sugerida es inferior a estimaciones de canon anteriores, así como el no incremento del canon de arrendamiento durante varios periodos, que resultó en un detrimento de 21 millones de pesos ($21.213,186).

• Que a sabiendas que las estimaciones estaban por debajo del valor real, estos cánones eran avalados por los mismos funcionarios, faltando al principio de transparencia en los procesos de arrendamiento de inmuebles del Fondo para la Reparación.
• Que se realizaron estimaciones de cánones de arrendamiento sin verificaciones ni labores de campo. “Al no realizar visitas a los predios, sus estimaciones carecen de soporte y veracidad porque desconocen las condiciones físicas y productivas de estos. En consecuencia, el método utilizado para el cálculo carecía de soporte”, dice el informe de la auditoría.

Por otro lado, Transparencia menciona que, tras la alerta por los presuntos malos manejos en la administración de algunos bienes del FRV, se encontraron posibles irregularidades en materia de contratación de bienes y servicios.

Se resalta que, entre 2018 y 2022, grupos de contratistas variaron los nombres de sus empresas para acaparar los contratos, superando una suma de 84.000 millones de pesos ($84.585.794.564). De acuerdo con la auditoría, dicho detrimento fue posible gracias a la ausencia de control y transparencia en los procesos de contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión: “Esta concentración de la contratación se vincula con irregularidades en la ejecución de los contratos”.

También se señalan las siguientes anomalías en los siguientes contratos:

• Contrato 131 del 30 de julio de 2018, el cual se firmó con la Unión Temporal Geopass por un valor de 2.981 millones de pesos ($2.981.743.400) y que tuvo como objeto el saneamiento físico de bienes del Fondo para la Reparación. Sobre este punto, la auditoría indica que “no se realizó un trabajo juicioso de supervisión” y que se pagaron entregas por un valor de 1.200 millones de pesos, “sin un avance real del objeto contractual”.

Además, resalta que la mayor irregularidad se presentó el 11 de diciembre de 2018, a escasos cuatro días de vencer el plazo del contrato. De acuerdo con el documento, el FRV y la UT Geopass dieron por terminado el contrato de común acuerdo, con una ejecución financiera del 40%, es decir de $1.211.515.200,00, con fundamento en el cambio de normatividad por parte del IGAC. “Esta situación es mentirosa, en tanto el cambio normativo se dio el 21 de febrero de 2018, antes de haberse firmado el contrato”, dice el informe.

• La auditoría también encontró anomalías en el contrato 096 del 23 de julio de 2020, por un valor de 4.000 millones de pesos ($4.216.497.726). Se registró que en los primeros siete días, paralelo a la fase de planeación, se realizaron 40 diagnósticos prediales por un valor de 292 millones de pesos ($292.725.240), “sin que existiera evidencia real del cumplimiento de esta actividad, en tanto los anexos del contrato no se corresponden con los informes de actividades y supervisión que dieron sustento a los pagos”.

• Respecto al contrato No. 097 del 9 de agosto de 2021, por un valor de 5.200 millones de pesos ($5.200.000.000), en lo que respecta al saneamiento predial de bienes inmuebles del FRV, se encontró que dos meses después de haber concluido el contrato, el FRV contrató con las mismas personas jurídicas con dos actividades sin fundamento. En la auditoría se cuestiona por qué se firmó un contrato para actualizar los diagnósticos prediales que las mismas empresas habían realizado el año anterior

¿Cuáles han sido las acciones de la Unidad?

Para este Gobierno y la actual administración de la Unidad para las Víctimas ha sido una prioridad recuperar y proteger los recursos públicos dirigidos para la reparación de las víctimas. En tal sentido, la Unidad decidió adelantar de manera paralela las siguientes acciones de mejora:

• Identificación y estado real de los bienes que administra el Fondo. Se realizaron Visitas en terreno para la identificación y determinación del número de los inmuebles que administra. Hoy contamos con 1809 bienes rurales and 1220 bienes urbanos. De igual manera, desarrollamos mesas de trabajo con la Fiscalía General de la Nación, Agencia Nacional del Territorio, Unidad de Restitución de Tierras, Fuerza Pública, Sociedad de Activos Especiales (SAE) y jueces de Justicia y Paz, entre otros, para cruzar información sobre el estado de los bienes y su custodia.

• Reconstrucción, recuperación y custodia de archivos y expedientes de cada bien. Además del trabajo arduo presencial en la identificación de los bienes, hemos realizado una tarea titánica en la organización y reconstrucción de archivos y en la revisión de la información jurídica, financiera y catastral de los bienes, que se mantenía en archivos físicos sin garantía de conservación de la información. De esta manera, se está guardando los archivos en carpetas digitales de la entidad, así como en la herramienta del FRV para la administración de bienes. De igual forma, la utilización de la herramienta de bienes del FRV se está haciendo “in-house”, sin generar costos adicionales y excesivos que resultaban de la tercerización.

• Realización de visitas de inspección a los bienes en situación de irregularidad. El FRV realizó 65 visitas en Puerto Boyacá and 53 entre Cáceres, Tarazá y Caucasia entre los meses de junio y octubre del 2023, muchas de ellas acompañadas por fuerza pública, que buscaron la recuperación de bienes que estaban en ocupaciones irregulares (minería ilegal) o que no habían sido administrados presencialmente hasta la fecha. Además, se realizaron 624 recepciones de bienes inmuebles.

• Acciones de recuperación de predios, articuladas con fuerza pública. Se avanzó en la instalación de nuevos puntos de seguridad, para garantizar la efectiva administración de los bienes inmuebles y agroforestales y tener mayor control en el ingreso. Actualmente se cuenta con 87 puntos de seguridad que atienden 199 bienes con mayor riesgo en la administración. De esta manera, en el marco del gobierno del cambio, se logró recuperar 425 predios, mediante la formalización de procesos (comodato precario y arriendo), contratos de predios, visitas masivas, entre otros, lo que impactó de manera positiva de ingresos por monetización de los bienes.

• Acciones judiciales y administrativas para la recuperación de los bienes. Realizamos procesos de saneamiento con alcaldías, empresas de servicios públicas, oficina de instrumentos públicos, Registraduría Nacional del Estado Civil, entre otros. Se iniciaron las acciones judiciales para la restitución de los bienes arrendados por parte de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad.

• Acciones para acelerar la comercialización de los bienes. Incorporamos en el PND un articulado para acelerar la venta y monetización de los bienes del FRV y lograr el proceso de indemnización efectiva de las víctimas. Actualmente avanzamos en las acciones dirigidas a su reglamentación para una aplicación efectiva de la disposición normativa.

• Mejoras en las estimaciones de los avalúos. Suscribimos contrato con el IGAC para avanzar en los avalúos de los predios en administración del FRV, sin pasar por empresas privadas, como se venía haciendo. Esto significa una mayor confiabilidad en el dato que se desprende de esos avalúos y que los costos de tercerización que se venían adelantando con anterioridad se reduzcan.

• Mejoras en las estimaciones de cánones de arrendamiento. Las estimaciones hoy las están realizando los profesionales del equipo de gestión predial del FRV que está siendo contratado directamente por la Entidad, sin hacer inversiones de recursos adicionales o excesivas a través de otros modelos de contratación.

• Estamos realizando nuevas estimaciones para los cánones de arrendamiento generando acciones de mejora en los valores de los arriendos. De esta acción, el equipo de administración notificó a los ocupantes sobre las estimaciones para los arrendamientos y el 60% de los contratos se formalizó con esa nueva estimación.

• Acciones para la recuperación de recursos dejados de percibir por canon de arrendamiento. Se logró tener al día en cánones de arrendamiento 68 de los 163 contratos que presentaban mora al 2023. Este mismo año y durante lo corrido del 2024, hemos adelantado acciones de formalización de los bienes, que han permitido la recuperación de aproximadamente 1.970 millones de pesos.

• Aumento en la monetización de los bienes agroforestales por producción en palma, caucho y teca. En el 2023 se intervino a los bienes agroforestales, logrando ingresos por valor de 8.019 millones de pesos, principalmente en los bienes: Palmar Cosechando Paz, Palmar Renacer Esperanza, Palmar Rancho Santa Teresa, Caucheros Frutos Del Perdón y Madereros Sembramos País. Esto quiere decir que, las acciones de administración del FRV desde agosto de 2022 a diciembre de 2023 han permitido monetizar por arriendo comercial 6.775 millones de pesos; por arrendamiento habitacional 2.522 millones de pesos y en bienes agroforestales 10.811 millones de pesos.

• Puntos de control en los procesos de agroinsumos. Se generaron puntos de control efectivos para que los insumos se utilicen en debida forma en las plantaciones, haciendo controles de recibido en la seguridad del predio, en conjunto con los administradores de las plantaciones, y posteriormente al uso de los agroinsumos, se reciben los bultos ya utilizados para hacer conteo nuevamente. Esto evitará que se adquiera fertilizantes sin una previa evaluación de su consumo y real necesidad como se venía haciendo.

• Formalización en la bancarización de los recursos. Al inicio de la administración en este gobierno, se evidenció que algunos de los recursos de los arriendos no eran bancarizados sino que se entregaban de manera directa a los administradores del FRV, y que no en todas las ocasiones ingresaban de manera directa a las cuentas del FRV. Actualmente el pago de dichos cánones se está haciendo a las cuentas bancarias.

• Mantenimiento de lo bienes. Avanzamos en la contratación del mantenimiento para el mejoramiento de los bienes inmuebles rurales y urbanos para intervenir los 250 bienes inmuebles que, a la llegada de esta administración, reportaban falta de mantenimiento, así como 117 bienes que amenazan ruina o se encuentran en ruina y que, por esa razón, van perdiendo la posibilidad de servir como herramientas para cumplir con la reparación a las víctimas de justicia y paz.

• Revisión y determinación de las necesidades reales de contratación en el Fondo. Se han actualizado los análisis del sector y estudios de mercado para los procesos de contratación, generando una mayor transparencia al momento de la adjudicación de los procesos de oferta en el SECOP y que más oferentes se presenten a las propuestas del FRV. Se contrataron profesionales para conformar el equipo estructurador de los procesos de contratación de otras modalidades y se diferenció o distinguió este equipo del equipo evaluador. Esos cambios generaron que en los nuevos procesos de contratación que oferta el FRV pasen de 2 a 30 oferentes por proceso, identificando un fortalecimiento en la pluralidad de oferentes y en las posibilidades de oferta y de asignación de los contratos en empresas que pasen los respectivos y adecuados filtros de evaluación de oferta.

• Mejoras en los modelos de contratación. Por primera vez, por cuanto en anteriores administraciones no había pasado, esta administración se ha encargado de revisar los procesos de contratación de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, así como los de otras modalidades, para de esta manera garantizar un mejor manejo de los recursos públicos y mayor transparencia en los procesos contractuales. En lo que respecta a los contratos mediante operador de servicios, se ajustó el modelo contractual para que solo se contrate a través de éste a los trabajadores de las plantaciones de los bienes agroforestales y no a los administradores de los bienes, lo que generaba inseguridad en la administración efectiva que quedaba tercerizada.

• Mejoras en la supervisión de los contratos. Se cuenta con la realización de seguimientos a la supervisión para garantizar el cumplimiento del objeto contractual y que los soportes cuenten con la idoneidad que justifique de manera adecuada el pago de los contratos que suscribe el FRV. Esto impide que los procesos de recepción de agroinsumos se soporten con fotos que se tomaban de un par de bultos y que cargaban como evidencias contractuales para la facturación de contratos por $2.527 millones de pesos.

• Abandono de la práctica de tener “bolsas de gastos” impidiendo que esos recursos se conviertan en la caja menor para asumir otros gastos sin debido control. En efecto, es una práctica que no dejaba trazabilidad de los bienes contratados ni de los soportes que sustentaban los recursos que se realmente utilizaban.

• Actualización normativa. Esta administración viene trabajando en la actualización normativa de procesos y procedimientos internos del FRV para contar con herramientas que permitan la aplicación de procesos de control y seguimiento en la administración de los bienes. Este trabajo se viene realizando sin firmar contratos tercerizados que antes se firmaban por más de 5 mil millones de pesos y que no cumplían con el objeto contractual, o que no dejaban evidencias y/o soportes de lo realizado.

Es importante resaltar que desde el Fondo también se han adelantado acciones para acelerar la comercialización de los bienes y lograr el proceso de indemnización efectiva de las víctimas reconocidas en los fallos de Justicia y Paz.