Hace 17 años María Lucila Uribe abandonó junto a su familia su finca tras la amenaza de hombres de un grupo armado que llegaron a la vereda donde vivía en Urrao, Antioquia. Semanas después regresaron, pero ya no había una vivienda. Solo las cenizas de una casa incendiada.
“Nos dejaron con lo que teníamos encima y tuvimos que reconstruirla. Mucha gente tuvo que desocupar la vereda y luego llegamos a comenzar de nuevo. Fueron tiempos muy difíciles”, relata la mujer con su marcado acento paisa en referencia a la violencia de las extintas Farc y grupos paramilitares.
Pero ahora, 30 familias campesinas de varias veredas de este municipio del suroeste antioqueño no se reúnen para desplazarse. Gracias a la articulación entre la Unidad para las Víctimas y la alcaldía municipal, llegaron al pueblo para cargar en chivas (vehículos) y recibir en sus fincas y toneladas de herramientas, semillas, abonos, fertilizantes, insecticidas, entre otros insumos agrícolas y cientos de gallinas para avicultura.
Con estas dotaciones podrán mejorar sus condiciones de vida y fortalecer la producción de alimentos para su consumo y comercialización. Por eso María Lucila regresó a su casa en la vereda San Carlos “muy feliz porque todo nos ayuda para salir adelante y tener mejores cultivos como el cafecito, aguacate y también nos llevamos las gallinas para tener huevitos”.
Desde septiembre pasado, la Unidad para las Víctimas ha implementado proyectos agropecuarios y de infraestructura social y comunitaria en regiones afectadas por el conflicto armado en Colombia, con una inversión superior a los 3.100 millones de pesos.
En Antioquia, la Unidad para las Víctimas priorizó a centenares de familias de 14 municipios donde se invirtieron casi 849 millones de pesos con la cofinanciación y apoyo técnico de las administraciones municipales.
En Yolombó y Concordia, familias campesinas de las veredas Maracaibo, La Raya y Morelia también se beneficiaron con las dotaciones de insumos agrícolas para fortalecer la seguridad alimentaria, siembra de café y derivados y el arraigo a su tierra.
Y en Betulia, Carmen de Viboral, San Vicente Ferrer, Argelia y Concordia, donde se implementan planes de retorno y reubicación de desplazados, las víctimas del conflicto armado que habitan en corregimientos y veredas recibieron mobiliario para centros de integración comunitaria, puestos de salud, escuelas y restaurantes escolares.
A estas zonas rurales han regresado cientos de familias tras abandonarlas por la violencia. Para ellos significa la recuperación de las prácticas comunitarias que se vieron interrumpidas por el conflicto armado.
Obras transformadoras
Entre tanto, en zonas rurales apartadas como la vereda San Pablo en Cáceres, y otras en Ituango, donde este año han ocurrido homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados por enfrentamientos entre grupos armados, la Unidad para las Víctimas dotó con mobiliarios escuelas, salas de sistemas, laboratorio y restaurante escolar y juegos infantiles.
Esto con el fin de lograr acciones transformadoras para la prevención urgente de riesgos derivados de emergencias masivas recurrentes.
Gracias a estos proyectos comunitarios y agropecuarios, en años recientes y con apoyo de las alcaldías municipales se han construido y mejorado canchas polideportivas, salones comunales, centros de salud, escuelas urbanas y rurales, placa huellas y producción agrícola en cerca de 50 municipios antioqueños. Estas obras benefician a más de 50.000 habitantes.
Según Claudia Patricia Vallejo, directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, “con estas obras se contribuye a la reparación de comunidades que fueron tan golpeadas por la violencia con obras que aportan a la recuperación social y económica y fortalecen el arraigo como en el caso de los campesinos que regresaron a sus tierras”.
También favorecen “las garantías de no repetición de los hechos victimizantes y disminución de la vulnerabilidad que causó el conflicto armado”, indicó la funcionaria.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
