Atender de manera oportuna los requerimientos, garantizando la protección de los derechos fundamentales de la población víctima, bajo las actuaciones administrativas adelantadas en instancia de Acciones de Tutela, con la finalidad de determinar la inclusión o no en el Registro Único de Víctimas (RUV), de acuerdo con el marco jurídico aplicable y lo ordenado en el respectivo fallo judicial.