Escudo de Colombia y texto de la Unidad para las Víctimas

La dirección territorial del Chocó tiene nueva directora

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María Fernanda Ángulo Amórtegui asume como nueva directora de la dirección territorial del Chocó de la Unidad para las Víctimas. Fue posesionada ante el secretario general, Guillermo Martínez Daza. 

Ángulo Amórtegui es doblemente titulada, abogada de la Universidad de San Buenaventura y administradora pública territorial de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP). Actualmente es candidata a magíster en la Universidad Libre de Cali. 

Cuenta con más de 10 años de trabajo en defensa de los derechos territoriales en comunidades étnicas, principalmente del Pacífico, así como en también en la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo. En el sector público, estuvo vinculada en la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y como apoyo en la oficina asesora jurídica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

“Tengo muchas expectativas para contribuir en mi labor como directora territorial, pues tengo la preparación, además, me siento comprometida porque vengo de un proceso de trabajo con las comunidades. Por ello, lo primero es cumplir el mandato de servir a la sociedad del departamento del Chocó y en especial a las víctimas del conflicto armado que son el centro de nuestro trabajo”, expresó la recién posesionada. 

Asimismo, para Ángulo Amórtegui, entre los desafíos que recibe está afianzar el diálogo social y la contribución colectiva de medida y acciones con las comunidades, “para finalmente, lograr el cumplimiento de los compromisos que como gobierno tiene la entidad”, destacó.  

La nueva directora territorial es oriunda del Consejo Comunitario Bazáno, la Bocana, Buenaventura, Valle del Cauca. Su último trabajo lo desarrolló como asesora jurídica y coordinadora del proyecto de derechos humanos, para el Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN). 

En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.