Establecer las actividades para garantizar la vigilancia y control sobre la correcta y debida ejecución de los contratos de arrendamiento cebrados por el FRV, la cual es una función de la administración pública, inherente a la actividad contractual que adelanta, constituyéndose ésta en una obligación de la entidad contratante que se encuentra en la esfera del principio de responsabilidad propio de la contratación estatal.