El Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 considera, de forma transversal y como un
capítulo específico, la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto. Estos
derechos van desde el acceso a tierras, como parte de la apuesta por la superación de
las secuelas de la guerra y la transformación de los territorios más golpeados por la
violencia y la pobreza, mediante una reforma rural integral, hasta la entrega de 16
curules para las víctimas en la Cámara de representantes como un avance hacia la
apertura democrática. De forma particular, el punto 5 del Acuerdo estipula una serie
de acciones tendientes a garantizar el acceso de las víctimas a las medidas de verdad,
justicia, reparación y no repetición.
