La Unidad para las Víctimas, a través de su Dirección Territorial Norte de Santander y Arauca, adelantó en Cúcuta la campaña “Yo tramito sin tramitadores”, una estrategia pedagógica y de prevención que busca proteger a la población víctima del conflicto armado frente a las modalidades de fraude y estafa que ponen en riesgo sus derechos y el acceso a los beneficios de la política pública de víctimas.
La entidad adelantó una jornada de capacitaciones a funcionarios de la Gobernación de Norte de Santander, la Alcaldía de Cúcuta, la Personería Municipal, y los enlaces de la mesa departamental y municipales de víctimas, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y generar alertas tempranas frente a posibles riesgos de fraude.
“Esta jornada pedagógica busca formar tanto a las víctimas como a las entidades con competencia en atención, asistencia y reparación, para que conozcan las diferentes modalidades de fraude y estafa a las que son vulnerables. Asimismo, pretende informar cómo las víctimas pueden acceder de manera gratuita y sin intermediarios a los servicios que ofrece la Unidad”, señaló Karla Andrea Chacón, directora territorial de la Unidad en Norte de Santander y Arauca.
Durante la actividad, se proyectaron videos testimoniales de quienes, en el pasado, actuaron como tramitadores suplantando y estafando a víctimas del conflicto. Lo anterior ya que, como parte de su pena, estas personas condenadas por la justicia deben pronunciarse públicamente y ofrecer disculpas a las víctimas a través de dichos videos.
En ese sentido, la Unidad para las víctimas ha identificado que, en Norte de Santander se han recibido 381 quejas, de las cuales 155 fueron denunciadas ante la Fiscalía General. En el departamento de Arauca, por su parte, se registraron 56 quejas, con 15 denuncias formalizadas ante el mismo organismo judicial.
Los delitos más frecuentes corresponden a falso testimonio, fraude procesal, fraude en el Registro Único de Víctimas (RUV), estafa, falsedad en documentos, fraude de subvenciones y suplantación de identidad, entre otros.
La Unidad identificó que los municipios con mayor afectación por estas prácticas delictivas, debido a su alto número de población víctima del conflicto armado, son: Ocaña, Cúcuta, Sardinata, San Calixto, Arboleda, El Zulia, Tibú, Chinácota, Hacarí, Pamplona y Cáchira.
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Finalmente, con estas acciones la Unidad busca garantizar una atención más segura, confiable y transparente, reafirmando su compromiso con la protección integral de las víctimas del conflicto armado en los territorios del país.
CJH/VR/MAP