Estos pocos días en la dirección de la entidad, fue un privilegio para mi, me permitió reafirmar la profunda responsabilidad institucional que tenemos quienes estamos en el Gobierno —tanto desde el nivel nacional como territorial— con las más de 9.9 millones de víctimas del conflicto armado en Colombia, tener una visión más integral de la gran responsabilidad asignada a la Unidad para las Víctimas, encontrarme de forma directa con cientos de víctimas, escucharlas y aportar de manera más directa un granito de arena para resolver los retos que se enfrenta para la garantía de los derechos. Retos que requieren soluciones de largo aliento.
Termino el encargo con la satisfacción de haberle cumplido con entereza, transparencia y compromiso a las víctimas y al gobierno del cambio. Así en este encargo, he podido impulsar acciones concretas que reafirman el compromiso del Gobierno con el principio de centralidad de las víctimas. Una centralidad que no se declama, sino que se materializa en decisiones que reconocen su dignidad, su voz y sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Durante este breve periodo, se lograron avances significativos en asuntos relacionados con la misionalidad de la entidad: i) se incidió en la resolución de diversos temas vinculados con la articulación interinstitucional; ii) se gestionó la mejora de la respuesta de la entidad frente a la emergencia humanitaria en el Catatumbo; iii) se atendió, se dialogó y se avanzó en acuerdos con la comunidad Embera, que nuevamente se asentó en el Parque Nacional en Bogotá; iv) se consolidó la articulación entre la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, con el propósito de garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de las víctimas consagrados en el Punto 5 del Acuerdo, iniciando acciones concretas para ello; v) se dio inicio a la implementación de las disposiciones contenidas en la Ley 2421 de 2024, relativas a la articulación entre la acreditación realizada por la JEP y la inclusión en el Registro Único de Víctimas, con el objetivo de brindar un reconocimiento pleno a las víctimas; vi) se reanudó el diálogo de alto nivel con la Mesa Nacional de Víctimas, bajo principios de respeto, reconocimiento y transparencia; vii) se llevaron a cabo las acciones preparatorias necesarias para la puesta en marcha de la Comisión de Financiamiento establecida en la Ley 2421 de 2024; y viii) se fortaleció la articulación entre el Fondo de Reparación para las Víctimas y la Agencia Nacional de Tierras, con miras a avanzar en la entrega de tierras a las víctimas.
De otro lado, como respuesta a la crisis institucional encontrada, trabajamos arduamente para la solución de asuntos de la administración que requerían atención: i) se fortaleció el liderazgo y orientación técnica de la entidad para una mejor gestión institucional soportada en el principio de centralidad de las víctimas y en principios de eficiencia, eficacia y transparencia; ii) se retomó el dialogo para la implementación del acuerdo colectivo con SINTRAUARIV.
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A lo largo de mi vida he trabajado por una Colombia en paz, una paz con justicia social, con garantías de no repetición y con pleno respeto y vigencia de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Por ello, mi compromiso con la dignificación, el reconocimiento y la defensa de sus derechos seguirá independientemente del lugar desde el cual me corresponda actuar. Junto al Gobierno del Cambio y desde la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, continuaré promoviendo el necesario fortalecimiento de la política pública de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado, una política que se constituye en el corazón de la construcción de la paz.
