El 10 de junio del 2011, el Presidente Juan Manuel Santos Calderón, sancionó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en una ceremonia en la que estuvo presente Ban Ki Moon, secretario general de las Naciones Unidas. Cinco años después la comunidad internacional y el país en general observa con interés la política de reparación a víctimas, que ha permitido indemnizar a más de 590.000 personas.
En el marco de la Ley se creó la Unidad para las Víctimas que en este lustro se ha convertido en el primer agente humanitario del país, gracias a la decisión del gobierno de negociar en medio del conflicto. En este tiempo, el Estado ha atendido el 100 por ciento de las emergencias humanitarias en las 48 horas posteriores a su ocurrencia. Adicionalmente, el desplazamiento forzado descendió, entre 2010-2014, en un 47 por ciento con respecto al cuatrienio anterior.
El Registro Único de Víctimas
Colombia lidera la política de atención y reparación más ambiciosa en el ámbito internacional y para implementarla puso en marcha el Registro Único de Víctimas. Gracias a ella se pudo establecer que el conflicto ha dejado 8.040.748 víctimas de la cuales 6,2 millones son sujeto de atención y reparación. Esto permite elaborar proyecciones presupuestales ajustadas a la realidad. La Ley de Víctimas también ha permitido atender y reconocer a cerca de 9.000 víctimas colombianas en el exterior. Las víctimas reciben orientación a través de diferentes canales virtuales, telefónicos y escritos. Más de un millón de personas han sido atendidas presencialmente en los 139 puntos de atención a víctimas y 22 centros regionales distribuidos en el territorio nacional.
Reparación integral y transformadora
Para atender la gran variedad de delitos, se decidió que la reparación podría incluir cinco medidas, aplicables según el tipo de daño y en sus dimensiones individual y colectiva: la rehabilitación, que procura el restablecimiento de las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas; las medidas de satisfacción, que buscan restablecer la dignidad de la víctima y difundir la verdad sobre lo sucedido; la restitución de tierras, predios o bienes, para quienes fueron despojados o se vieron obligados a abandonarlos; la indemnización por vía administrativa, que consiste en una compensación económica, y las garantías de no repetición, con el fin de que los hechos no vuelvan a ocurrir.
Dentro de las medidas de satisfacción se destaca la entrega de cartas de dignificación y conmemoraciones como el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas (9 abril) o el de la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (25 mayo). Se ha acompañado también la entrega de restos a 1.743 familias. En cuanto a la compensación económica, 592.430 víctimas han recibido su indemnización por vía administrativa, por un valor de 3,6 billones de pesos. Desde 2012, un total de 363.828 de ellas decidieron voluntariamente ingresar al programa de acompañamiento a la inversión adecuada de los recursos. Aproximadamente, el 20 por ciento eligió buscar oportunidades de inversión en vivienda; el 19 por ciento en educación; el 7 por ciento en proyectos productivos y el 3 por ciento en inmuebles rurales, entre otras opciones.
Cerca de 5.000 jóvenes víctimas han accedido a estudios universitarios, gracias a las becas otorgadas a través del Fondo de Educación Superior y alrededor de 100.000 participaron en los talleres de educación financiera. Durante el 2016, se han entregado 6.000 libretas militares gratuitas para víctimas de desplazamiento forzado, facilitando a los jóvenes el acceso a estudios y empleo. La Unidad para las Víctimas ha acompañado a 140.000 hogares en sus procesos de retorno o reubicación.
Este gobierno ha invertido tres billones de pesos en atención y asistencia humanitaria, garantizando el mínimo vital de más de un millón y medio de hogares. Otras 144.626 víctimas de desplazamiento forzado han recibido su indemnización, después de que la Corte ordenase a finales de 2013 que estas debían obtener una compensación económica (no prevista inicialmente en la Ley 1448).
En los últimos años, se han presentado desde el territorio al menos 205 proyectos dinamizadores para procesos de retorno y reubicación, por algo más de 13.000 millones de pesos, donde la Unidad para las Víctimas aporta cerca del 70% de los recursos y el resto es aportado por las entidades territoriales, la comunidad u otros actores estratégicos, como la cooperación internacional.
Reparación colectiva
Reconstruir la confianza y el tejido social en poblaciones fuertemente golpeadas por el conflicto armado se torna uno de los puntos fundamentales en la construcción de la paz. Por eso, hasta la fecha 366 grupos y comunidades han sido incluidos como sujetos de reparación colectiva (192 étnicos y 174 no étnicos) en procesos que reconocen su resistencia, supervivencia y lucha histórica por el restablecimiento de sus derechos.
Atención psicosocial
Décadas de conflicto han dejado heridas psicológicas en el 14% de la población colombiana que hoy es reconocida como víctima en el Registro. Entre 2012 y mayo de 2016, el Gobierno ha implementado el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral para las Víctimas (PAPSIVI),liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social (en alianza con la Unidad), a través del cual se han atendido a 184.913 personas. Además, la Unidad para las Víctimas diseñó la Estrategia de Recuperación Emocional a Nivel Grupal, en la que han participado al menos 93.651 personas.
Otra estrategia innovadora es Entrelazando y, con ella, se está facilitando la rehabilitación comunitaria en alrededor de 150 comunidades o grupos en proceso de reparación colectiva. Existen 1.800 tejedores y tejedoras, líderes naturales de la comunidad, reconocidos como cuidadores, que fomentan este espacio en el que se debate sobre los imaginarios colectivos, se reflexiona sobre el impacto del conflicto y se reconstruye la confianza perdida al interior de las comunidades y entre la comunidad y el propio Estado.
El SNARIV
La implementación de la inmensa mayoría de las medidas de la ley de víctimas requiere del Sistema Nacional para la Atención y Reparación integral a las Víctimas, cuya coordinación está a cargo de la Unidad para las Víctimas. Está integrado por entidades del nivel nacional (ministerios, agencias, programas, etc.), entidades territoriales (gobernaciones y alcaldías) y demás instituciones que tengan que ver con la ejecución de la política pública para víctimas (ONG, cooperación internacional y otros).
Una de las iniciativas que más ha llamado la atención de alcaldes y gobernadores es el ‘Banco de gestión de proyectos’. Entre 2013 y mayo de 2016 se han asignado recursos de cofinanciación a 42 proyectos, con una inversión de 77.520 millones de pesos, donde el 80% fue cofinanciado desde el nivel nacional y el 20% restante por las entidades territoriales, beneficiando a 74.607 víctimas.
La mesa de víctimas
Las Mesas de Víctimas creadas por la Ley 1448 de 2011 son las únicas instancias de participación que contemplan paridad de género en su estructura. Incluyen además representantes de todas las regiones y hechos victimizantes reconocidos en el Registro Único de Víctimas. El 10 de junio de 2015 se instaló oficialmente la segunda Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, en la que 300 representantes de víctimas de todo el país y todos los hechos victimizantes eligieron a sus delegados para el período 2015-2017.
