Aferrados al fuerte arraigo por su tierra y su cultura afrocolombiana, la comunidad de Bocas de Caná sigue resistiendo al conflicto armado que persiste en Zaragoza y toda la subregión del Bajo Cauca antioqueño.
La población de este alejado consejo comunitario, ubicado a orillas del río Porce, está confinada en la actualidad por la disputa violenta entre los grupos armados ilegales como Clan del Golfo, ELN y disidencias de las FARC.
Pese a esta situación, los campesinos, barequeros y pescadores que allí habitan celebran la validación del Plan Integral de Reparación Colectiva de los daños de la violencia para sus víctimas.
La implementación de este plan, coordinado por la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas y con apoyo de la alcaldía de Zaragoza, tendrá un enfoque étnico y una inversión de $5.266 millones en medidas de indemnización colectiva, restitución de obras comunitarias, satisfacción, rehabilitación y garantías de no repetición de hechos victimizantes.
“Nos deja una gran satisfacción porque ha sido un proceso grande y difícil. Esta comunidad ha sufrido mucho por la violencia, hemos tenido varios desplazamientos, pero el más grande, el que nos marcó fue el desplazamiento masivo en 2013, porque se perdió la vida de un joven”, relató Kelly Johana Ramírez Rentería, representante del consejo comunitario.
Además, sufrieron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos, accidentes con minas antipersonal, enfrentamientos armados, entre otros hechos victimizantes.
Tras varios años de superar las fases de alistamiento y caracterización de los daños a los habitantes, el territorio y su cultura, se concertaron las acciones reparadoras.
Por eso, la lideresa se emociona por la concertación de obras anheladas como la construcción y dotación de un centro comunitario, de acopio de productos y la escuela rural. Dice que “son obras muy representativas para nuestra comunidad, ya que ahí es donde nosotros realizaremos actividades que nos unen como familia y comunidad”.
Con una indemnización colectiva se planean proyectos productivos agropecuarios, así como la dotación y mejoramiento de escenarios deportivos, actos de dignificación y una estrategia de rehabilitación psicosocial de los daños emocionales causados por la violencia.
Reparar con enfoque étnico.
La reparación colectiva no solo representa obras de infraestructura, para las víctimas significa la reconstrucción de la vida comunitaria, arraigo al territorio y recuperación cultural y ancestral, empoderamiento de mujeres y jóvenes, para exigir derechos y prevenir nuevas violencias.
Esas acciones para conservar la cultura de las comunidades negras, es lo que llena de ilusión a doña Inocencia Ramírez, quien se encuentra próxima a cumplir 95 años. Ella, reconocida lideresa, cantaora, quiere “enseñar a los más jóvenes los alabaos para celebraciones y despedir a los muertos, los rezos y las plantas medicinales”.
Ella tiene esperanza en un mejor y por eso “estoy llena de alegría y el corazón como que se ríe por dentro porque vienen lanchas, vamos a sembrar arroz y maíz, nos van a dar gallinas y marranos. Eso nos va a ayudar a aliviar tantas violencias que hemos pasado”.
También ha sido testigo de la violencia, tras recordar que “se formaban las balaceras y uno con miedo metido debajo de la cama sin poder prender el fogón para cocinar por varios días”.
Por su parte, la directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Maribel de la Valvanera López Zuluaga, destaca que “la reparación colectiva deberá restituir los derechos vulnerados de esta comunidad negra, pero respetando sus tradiciones y cultura para garantizar soluciones duraderas, no repetición y vida digna”.
Temas recomendados
En Antioquia, los planes de reparación colectiva coordinados por la Unidad para las Víctimas, benefician a comunidades campesinas, étnicas (afrocolombianos, indígenas, pueblo Rrom), además de municipios, veredas, corregimientos, grupos y organizaciones de víctimas.