Para contrarrestar los efectos de los desplazamientos forzados y confinamientos de la población causados por la disputa violenta entre grupos armados ilegales, la Unidad para las Víctimas llegó con toneladas de ayuda humanitaria inmediata a habitantes de zonas apartadas del Bajo Cauca y Nordeste de Antioquia.
En el corregimiento de Puerto López del municipio de El Bagre, 75 familias desplazadas, de las veredas Tarachica y Nueva Esperanza, por los enfrentamientos registrados desde finales de agosto de 2024 entre el Clan del Golfo, disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mitigan su situación con alimentos y elementos de aseo que garantizan la subsistencia mínima.
Con esta entrega se beneficiaron más de 250 personas, entre campesinos, mineros artesanales y pequeños ganaderos que permanecen fuera de sus territorios y otros que ya comienzan a regresar a sus hogares.
Entre ellos persiste el temor por los constantes combates, las restricciones a la movilidad y las minas antipersonal. Según un labriego, “las dejan para que no se les meta el otro grupo, pero nos perjudican a nosotros porque minaron caminos que llevan donde tenemos los cultivos y las quebradas que nos dan el agua”.
Uno de los líderes de la comunidad, Ovidio Montalvo, relata que las ayudas mitigan “el desabastecimiento de alimentos para las personas que viven en estas veredas muy distantes donde hay personas mayores, mujeres, niñas y niños, lo que afecta a toda la comunidad”.
Además, confirmó que “la violencia se ha puesto complicada” en la subregión del Bajo Cauca, especialmente por el uso indiscriminado de los artefactos explosivos. “Los campos minados son los que más nos afectan y, aunque no hemos tenido pérdidas de vidas humanas, si han muerto animales como mulas y caballos”.
Asimismo, en otra zona apartada de Segovia, a tres horas de camino, se localiza el resguardo Tagual La-Pó. Allí, 141 familias indígenas recibirán ayuda humanitaria de la Unidad para las Víctimas la próxima semana para mitigar el confinamiento de sus más de 500 habitantes.
Esta comunidad Emberá también ha sufrido las restricciones de movilidad en su territorio “por los enfrentamientos armados que no permiten que salgamos tranquilos de pesca o de cacería”, afirmó uno de los habitantes.
A finales de septiembre, otras 231 familias que habitan en las veredas de El Bagre y Briceño recibieron ayuda humanitaria en alimentos y elementos de aseo para apoyar la superación de los confinamientos que sufrieron el año pasado.
Desde 2023 se intensificaron las confrontaciones entre los tres grupos armados ilegales que se disputan el control territorial de zonas con cultivos ilícitos y minería ilegal en las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste antioqueño. Como consecuencia se han registrado homicidios, desapariciones, desplazamientos forzados, confinamientos, reclutamiento ilegal de menores, accidentes con minas antipersonal y extorsiones.
Según la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo Avendaño, “la entidad está llegando a estos territorios para atender con prontitud estas situaciones de emergencia que afectan a la población civil por la disputa territorial entre estos actores armados”.
Además, indicó que, durante 2024, “se ha atendido con ayuda humanitaria, en especie y dinero, a 3.105 familias afectadas por 19 emergencias masivas, entre desplazamientos forzados y confinamientos, debido a la violencia en las subregiones del Bajo Cauca, Nordeste y Urabá antioqueño”.
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Por estas afectaciones a la población, la entidad priorizó los municipios de estas zonas con proyectos agrícolas y dotaciones para obras para mejorar la infraestructura social y comunitaria. Así mismo, en el corregimiento de Puerto López se implementan varios planes de reparación colectiva que han beneficiado con proyectos productivos y obras comunitarias a campesinos, afrocolombianos e indígenas.
