Ante una placa conmemorativa fabricada en mármol negro para honrar a las víctimas del paramilitarismo, Bibiana Esther Ruiz reconoce el nombre de su hermano asesinado y desaparecido en Tarazá (Antioquia).
Como representante de las víctimas de desapariciones forzadas llegó al Museo Casa de la Memoria, en Medellín, para asistir a un acto a cargo de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que cumplió con la dignificación y memoria a favor de 3.367 víctimas reconocidas en las sentencias judiciales de la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín.
Los fallos contra el Bloque Mineros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia incluyen a desplazados, secuestrados y familiares de personas asesinadas y desaparecidas como Bibiana, además de víctimas de delitos sexuales, extorsiones y otros crímenes perpetrados en las subregiones más afectadas por la violencia como el Bajo Cauca, Norte y Nordeste antioqueño.
“Para nosotras las víctimas es una medida de satisfacción reparadora, un reconocimiento hacia las víctimas por tantos hechos violentos como las desapariciones forzadas y homicidios que ocurrieron en municipios como Tarazá, Valdivia, Cáceres, Peque, Ituango”, manifestó esta mujer y lideresa.
Los testimonios de las personas afectadas por el grupo armado resumen el sentido de esta ceremonia: dignificar a las víctimas como aporte a verdad, la justicia y el clamor de que hechos victimizantes tan atroces no se repitan.
Entre esas personas están los familiares de 73 desaparecidos en municipios del Bajo Cauca. Bibiana es una de ellas. Ella recordó que en 1992 “metieron a tres muchachos en una camioneta que usaban los paramilitares para llevarse a sus víctimas”. Años atrás, en una audiencia judicial con los jefes del grupo de autodefensas, varias personas indagaron por el paradero de sus parientes.
La cruda respuesta acabó con la esperanza de encontrarlos con vida o, al menos, recuperar sus cadáveres: “El jefe del Bloque Mineros, Ramiro Vanoy, me contestó que mi hermano y otras víctimas fueron sacados de las fosas cuando las autoridades empezaron con las exhumaciones de los cadáveres y lanzados al río Cauca para eliminar toda evidencia de sus asesinatos”.
Verdad, justicia y reparación
Con este evento, además de otras medidas de atención y reparación implementadas desde 2022, la Unidad para las Víctimas avanza en el cumplimiento de las sentencias judiciales, que incluyen acciones de memoria como placas conmemorativas en varios municipios, atención psicosocial, entrega digna de restos, auxilios funerarios e indemnizaciones económicas.
Por eso Marta Rojo, quien participó en el acto como doliente de dos hermanos asesinados y desaparecidos en Tarazá, también reconoció que estos actos “nos dan alivio porque reconocen que nuestros familiares eran inocentes y no quedan olvidados y se les rinde memoria”
La magnitud del daño de un solo hecho victimizante como la desaparición forzada en enorme. A la fecha, la entidad ha beneficiado a más de 12.000 familiares de desaparecidos en las exhumaciones y ceremonias de entregas dignas de restos. Además, más de 72.000 de esos parientes ya fueron indemnizados con cerca de 600.000 millones de pesos como reparación individual.
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En el Registro Único de Víctimas están reconocidos cerca de 54.000 desaparecidos y 150.000 familiares por el delito de desaparición forzada en Colombia. Por su parte, la Fiscalía ha exhumado más de 10.000 cuerpos de víctimas asesinadas y desaparecidas en Colombia y de estos, más de 6.000 ya fueron entregados a sus parientes.