El acuerdo de paz es una oportunidad que tenemos los colombianos para construir una sociedad más justa, equitativa, participativa e incluyente. Estos son algunos de los beneficios que trae la paz, en especial para las víctimas.
- Verdad
- Justicia
- Equidad
- Oportunidades
La verdad es la primera forma de reparación que esperan las víctimas.
Por eso, el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, creado por el Acuerdo Final de Paz, contiene diferentes mecanismos que se complementan para aclarar lo ocurrido en el conflicto.
La Comisión de la Verdad es el organismo que se va a encargar de reconstruir la verdad histórica. Es un mecanismo imparcial, extrajudicial y transitorio, que escuchará todas las versiones posibles, tanto de las víctimas como de los involucrados en el conflicto, con el principal propósito de comprender las causas y circunstancias de la confrontación y establecer responsabilidades, para que lo que pasó, nunca más se repita.
Ante esta Comisión, podrán presentarse los responsables de crímenes de lesa humanidad, sin que su declaración tenga efectos judiciales contra ellos ni contra terceros. También podrán acudir ante ella, las víctimas, para presentar los resultados de sus propias investigaciones y contribuir a construir esa verdad histórica.
Encontrar a los desaparecidos, parte esencial de la búsqueda de la verdad, también es una de las prioridades del Acuerdo Final de Paz, en su punto sobre Víctimas. La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas coordinará las acciones del Estado en este campo e integrará la información que hoy en día existe en diferentes bases de datos, con el propósito de intensificar el esfuerzo que ya se viene haciendo por encontrar los más de 60 mil desaparecidos por el conflicto, que, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, existen en el país.
Ante esta Unidad también podrán presentarse los responsables de desapariciones, para que revelen el paradero de sus víctimas, con un propósito humanitario y no judicial.
Las víctimas también podrán suministrar la información que tengan y tendrán derecho a que se les entregue un reporte detallado, una vez se reúna toda la información disponible.
El Acuerdo Final de Paz busca que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto (como atentados terroristas, secuestros, homicidios, abuso sexual, reclutamiento de menores, entre otros), sean investigados y sancionados.
Las sanciones que se les apliquen a los responsables tendrán un carácter reparador tanto para las víctimas como para el país en términos de desarrollo. Es decir, quienes sean hallados culpables, siempre y cuando hayan reconocido previamente su responsabilidad y aportado la verdad, contarán con restricciones efectivas de su libertad, aunque cumplirán su pena con acciones que contribuyan a la reparación de las víctimas, como participar en el desminado humanitario, la construcción de vías o la limpieza de las riberas de los ríos, entre otros.
La Jurisdicción Especial para la Paz, creada por el Acuerdo Final de Paz, contará con varias salas y tribunales que se encargarán de estudiar en qué casos se podrán aplicar sanciones alternas a ex combatientes que no hayan cometido delitos de lesa humanidad.
La primera condición que debe cumplir quien quiera someterse a esta jurisdicción es que debe aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición.
Para que nadie evada su responsabilidad, la Fiscalía y las organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas podrán presentar la información que tengan para contrastar las declaraciones que hayan dado los responsables.
Las víctimas, además, podrán sugerir las acciones reparadoras que se impondrán como pena a los responsables, y hacer seguimiento para que se cumplan.
Una paz real, estable y duradera requiere de acciones orientadas a superar inequidades sociales, formas de discriminación y carencia de oportunidades que han estado presentes en nuestro país, a lo largo de su historia.
Para que lo ocurrido en el conflicto no se repita, el Acuerdo Final de Paz contiene herramientas para construir una sociedad más equitativa y con mayores oportunidades para todos.
Por ejemplo, las medidas incluidas en el punto uno, de tierras, buscan superar la brecha de desigualdad que hoy existe entre el campo y la ciudad y promover un desarrollo rural integral; el punto dos, de participación política, busca construir una sociedad más democrática y participativa, y el punto cuatro, relacionado con las drogas ilícitas, abre alternativas para que las comunidades, y en especial las personas en condiciones de vulnerabilidad, puedan mejorar sus condiciones de vida y contar con una actividad productividad que les dé ingresos suficientes dentro de la legalidad.
Todas ellas son disposiciones que conducen a una sociedad más equitativa.
El acuerdo reconoce, así mismo, que hay sectores de la población que han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto armado, y por ello tiene en cuenta un enfoque diferencial, que busca brindarles una atención especial, que contribuya a superar la discriminación de la que han sido víctimas.
En el caso de las mujeres, el enfoque diferencial de género se orienta a que sean investigados y sancionados los casos de abuso, violencia y explotación sexual cometidos por combatientes de uno y otro bando, y que se superen las condiciones de discriminación, opresión y violencia a la que se enfrentan las mujeres, en su vida cotidiana.
También busca empoderarlas, darles más espacios de participación y fortalecer las organizaciones que han creado para defender sus derechos.
En el caso de los grupos étnicos, tanto la Ley de Víctimas como el acuerdo de paz reconocen que su reparación debe tener en cuenta las circunstancias particulares de estas comunidades y orientarse a rescatar sus costumbres, cultura y autoridades.
Teniendo en cuenta que estos pueblos han sufrido históricamente situaciones de injusticia y exclusión y han sido desposeídos de sus tierras, uno de los retos del posconflicto consiste en recuperar su autonomía y garantizar que puedan ejercer sus derechos.
Uno de los objetivos más importantes del acuerdo de paz es la transformación del campo, para que quienes viven en él tengan mejores condiciones de vida y puedan relacionarse de una manera más equitativa con los sectores urbanos del país.
Para ese fin, el acuerdo prevé la creación de una serie de planes y programas, que funcionarán en las zonas más afectadas por el conflicto y que buscarán promover su desarrollo y generar oportunidades para quienes viven en ellas, incluidas las víctimas.
Entre ellos están los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), con los cuales las comunidades van a poder participar en la toma de decisiones, y definir, de manera conjunta con las autoridades definan las prioridades de inversión y contribuyan en el seguimiento y la veeduría de los proyectos.
A través de los PDET se van a poner en marcha alternativas productivas para fortalecer la economía campesina y se van a coordinar los planes para mejorar la infraestructura de las comunidades, incluidas la construcción de vías, la ampliación de la infraestructura para la prestación de servicios públicos, mejor atención en salud y mayores oportunidades de educación, entre otros.
Todo esto va a beneficiar a las víctimas, como parte esencial de estas comunidades, pero, en especial, va a ser fundamental para la ejecución de los planes de reparación colectiva, que, tal como lo dice el acuerdo, deberán ser incorporados dentro de los PDET.
Con base en el acuerdo de paz, los campesinos van a tener, igualmente, más posibilidades de acceder a la tierra, en especial si son víctimas o madres cabeza de familia.
El acuerdo prevé la creación de un Fondo Nacional de Tierras, que en sus primeros 12 años de creación va a disponer de 3 millones de hectáreas, para entregar de manera gratuita a campesinos que no dispongan de tierra, priorizando, según dice el mismo acuerdo, a la población rural victimizada, las mujeres rurales, las mujeres cabeza de familia y la población desplazada.
- Convivencia
- Participación
- Tranquilidad
- Un futuro mejor
La implementación del Acuerdo Final de Paz traerá consigo la construcción de confianza, tolerancia, respeto y convivencia.
Es importante reconocernos como seres humanos que tenemos derecho a ser perdonados y a tener oportunidad de mejorar, crecer y aportar a la paz, independientemente de nuestro origen, actividad y condición. Para lograrlo, el Acuerdo propone espacios de participación ciudadana, convivencia y reconciliación en el territorio, que además activen la democracia y las capacidades de liderazgo y participación en las comunidades.
Uno de esos espacios es la Comisión de la Verdad, que, según el Acuerdo Final de Paz, deberá promover “la convivencia en los territorios, en el entendido de que la convivencia no consiste en el simple compartir de un mismo espacio social y político, sino en la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia”.
Además del esclarecimiento de la verdad, la Comisión tendrá dentro de sus funciones la de crear espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, se hagan reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad por parte de los actores del conflicto y se promueva el respeto y la confianza ciudadana.
El Acuerdo Final de Paz también prevé la realización de actos tempranos de reconocimiento de responsabilidad, que son actos formales, públicos y solemnes, en los que los actores responsables de violaciones a los Derechos Humanos en el marco del conflicto, reconocen su responsabilidad, piden perdón y se comprometen con acciones de reparación en favor de las víctimas. Cualquier acto de este tipo debe contribuir siempre a la dignificación de las víctimas.
El Acuerdo Final de Paz trae nuevas oportunidades de participación para las víctimas.
Además de las Mesas de Participación, a nivel nacional, departamental y municipal, que vienen operando desde la expedición de la Ley de Víctimas, las víctimas van a tener ahora más oportunidades de incidir en la política de atención y reparación.
En general, todos los espacios de participación se fortalecerán para promover la incidencia, la democracia, la convivencia y la reconciliación en las comunidades.
Uno de estos nuevos mecanismos es la creación de 16 circunscripciones transitorias especiales, en territorios que en el pasado fueron afectados por el conflicto, por la escasa participación política o el abandono estatal.
En ellos serán elegidos un número igual de representantes a la Cámara, de manera temporal, por dos periodos electorales, que representarán políticamente a estas poblaciones y promoverán sus derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.
Estas circunscripciones no son para las FARC ni para los partidos políticos tradicionales, sino que están destinadas a grupos significativos de ciudadanos y ciudadanas u organizaciones sociales, entre las cuales están las organizaciones de víctimas.
En general, el Acuerdo Final de Paz, prevé mayores garantías para el ejercicio de la oposición, para la conformación y el funcionamiento de movimientos y organizaciones sociales y la movilización y la protesta pacífica.
El gran principio que rige este punto es que nunca más los colombianos volveremos a combinar el ejercicio de la actividad política con las armas.
El primer efecto que ha traído el Acuerdo Final de Paz es la disminución efectiva de las acciones violentas en el país.
El Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC), que es una organización independiente, reportó que en los primeros ocho meses de cese al fuego bilateral, acordado por el Gobierno y las FARC no se presentaron víctimas mortales o heridos de la población civil o la fuerza pública en acciones de las FARC.
Gracias a esta desactivación del conflicto, el número de homicidios en el país se ha reducido a cifras que no se registraban en el país desde los años cuarenta.
El cálculo que hace el CERAC es que se han dejado de perder por lo menos 2.670 vidas en acciones relacionadas con el conflicto durante el proceso de paz.
El fin del conflicto armado también ha permitido avanzar en el desminado humanitario de los campos colombianos, con el propósito, definido por el Gobierno, de que en el año 2020 se hayan iniciado operaciones en todos los municipios que están clasificados como de afectación alta por presencia de minas antipersonal.
La disminución de los hechos violentos no significa que el Gobierno baje la guardia frente a la presencia de grupos armados ilegales en diferentes lugares del país, por lo cual la Unidad para las Víctimas continúa realizando acciones humanitarias y de prevención en todas las regiones.
El propósito de la negociación de paz no era solamente poner fin a la confrontación armada entre el Gobierno y un grupo armado ilegal, sino sentar las bases para que lo ocurrido en el conflicto no se vuelva a repetir.
Por eso, el Acuerdo Final de Paz contiene disposiciones que buscan superar las condiciones de desigualdad que existen en el país, promover una sociedad más incluyente y crear espacios que promuevan la tolerancia, el respeto por la diferencia y la convivencia.
En este contexto, las víctimas son fundamentales y por eso se dice que estuvieron en el centro del acuerdo y en el centro de su implementación.
Alcanzar su reparación integral, dignificarlas y recuperar la memoria de quienes perdieron la vida a causa del conflicto es fundamental para que los acuerdos sean sostenibles.
Por ese motivo, el acuerdo respalda los esfuerzos de atención y reparación integral que ya se vienen haciendo desde la expedición de la Ley de Víctimas y establece medidas adicionales para fortalecer, entre otros, la reparación colectiva, el retorno y reubicación de personas desplazadas y la reparación de víctimas en el exterior.
Todas las víctimas, y en general todos los colombianos, debemos tener claro que la paz no se alcanza solamente con la firma de un acuerdo, sino que la construimos entre todos en todos los territorios de Colombia.
