Por Patricia Díaz Castro
Sucedió el 25 de octubre de 1998: 11 personas perdieron la vida en la comunidad de La Pacha, corregimiento del municipio de Altos del Rosario (Bolívar), pueblo inmortalizado en las letras del maestro Alejandro Durán. Un grupo armado de las AUC, como lo identifican sus habitantes, llegó en chalupas hasta la población y con lista en mano fue sacando uno a uno de sus casas a los que, según ellos, eran colaboradores de la guerrilla. Fue un domingo terrorífico para el pueblo.
En el puerto, delante de todos, acribillaron a Ciro Manuel Sánchez, un comerciante dueño de una tienda y una farmacia. Por el impacto de las ráfagas de fusil a su cabeza, solo le quedó parte de su boca, en donde ellos ubicaron su cédula en un acto de burla y poder.
En medio del horror, los habitantes aplaudían por órdenes de los hombres que le habían segado la vida: “Si les hubiesen dicho que brincaran, ellos lo hubieran hecho”, dice *Elena, una ama de casa a quien le cambiamos su nombre porque todavía siente zozobra y temor.
Paradójicamente, cuando sucedieron los hechos, los alcaldes del sur de Bolívar asistían a una Cumbre en Cartagena donde declaraban a la región sureña como una zona de paz. Sumado a ello, en la incursión de ese grupo armado, al primero que le quitaron la vida fue a José Mendoza, un excandidato a la alcaldía.
Su hermano recuerda así lo que pasó: “Conducidos por un niño pasaron al frente de la casa donde vivía mi hermano y fueron específicamente a buscarlo. Cuando lo pasaron por mi casa solo alcancé a escuchar que decía que era hermano de un profesor. Minutos más tarde, una ráfaga de fusil por la espalda le segó la vida”. Este relato hace parte de la historia contada por “El Profe”, como nos referiremos a él en adelante.
Tanto Elena como El Profe lideran una batalla por la verdad. Los dos coinciden en que las heridas aún se encuentran abiertas, en la importancia de la reparación de las familias y en la necesidad de ayuda profesional para sanar al corregimiento más grande que tiene Altos del Rosario, ubicado a orillas del río Magdalena y que hace parte de la subregión de Las Lobas, donde imperó por muchos años el accionar de las guerrillas de las Farc, el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia.
Más tristezas y dolores
Otras voces de La Pacha contaron su historia como un ejercicio de memoria para decirle a todos que ellos también sufrieron el conflicto armado, una violencia que les arrebató a sus seres queridos, les quitó la paz y dejó secuelas profundas que aún no han podido superar.
Alicia Rivas, una ama de casa y madre de tres hijos, también perdió la vida a manos de los hombres que se tomaron el pueblo ese mediodía. Buscaban a su esposo y, como no lo encontraron, le dispararon a ella en la puerta de su casa.
Al esposo de *María, dedicada a las labores del hogar, también se lo llevaron los violentos. Mientras lavaba un mondongo pasó una vecina para decirle que habían llegado al pueblo hombres armados, los mismos que minutos después estarían en su casa, arrebatándole al padre de los cuatro hijos. Ese nefasto día, tanto ella como El Profe asistieron a la reunión convocada por los hombres que incursionaron en el pueblo.
“Con el dolor de mi alma me fui para allá, mientras mis hijos se quedaban cuidando el cadáver de su papá”. En la reunión presenciaron la muerte de dos trabajadoras sexuales que venían de un municipio cercano y que aún siguen sin ser identificadas.
Fue un domingo muy largo. Cuando los hombres armados salieron del pueblo, el silencio cubrió las calles de La Pacha. La gente no entendía por qué se habían ensañado contra esta población campesina dedicada al cultivo de arroz y maíz, la pesca y la minería.
Por todo eso, cada mes de octubre es recordado con profunda tristeza. En ese mismo mes, antes de la masacre, celebraban las fiestas en honor a San Francisco de Asís, tradición que se perdió con la llegada de los violentos.
Ellos se fueron del pueblo no sin antes advertir de su pronto regreso; amenaza que cumplieron. El 6 de noviembre de 1998 llegaron en búsqueda del esposo de Alicia, el señor Michael Nayith Hernández, ganadero de la zona. Ni siquiera lo dejaron bajar de la chalupa donde lo encontraron: los garrotazos le acabaron la vida. Ese mismo día, otro campesino también fue asesinado a manos de estos grupos.
Cumplieron con su misión y se fueron. Las familias se desplazaron de manera masiva, unas hacia la cabecera municipal y otras a las ciudades más cercanas.
Un reconocimiento clave
Elena resolvió irse a Cúcuta con sus hijos; tiempo después decidió retornar y asumir procesos de liderazgo para ayudar a su comunidad, pero sus objetivos se vieron truncados.
“Al año regresaron y se posesionaron del territorio; mandaban y ponían a la gente a cultivar la coca, y ellos eran los únicos que tenían derecho a comprarla. Tenían su imperio”. Estuvieron conviviendo con ellos, con sus leyes, con su comportamiento, hasta que llegó la desmovilización y se fueron del pueblo.
“Tenían reglas duras: ponían a la gente a limpiar los caminos, a las mujeres a barrer las calles; si peleaban con los maridos, las sancionaban. Cada octubre en las fiestas había un muerto”, añade.
Con la desmovilización retornó parte de su tranquilidad. Elena ayudó a su comunidad para que hicieran su primera declaración como desplazados. “Empezamos a liderar el proceso en el 2009. Había mucho desconocimiento y fue una lucha para esa declaración masiva”. Con esa declaratoria llegaron las ayudas humanitarias y el apoyo del Estado.
“La satisfacción más grande que tuvimos fue lograr que la comunidad fuera reconocida como víctima; eso nos marcó como líderes. Llegaron las ayudas de la Unidad para las Víctimas y de la Gobernación de Bolívar”.
El poder de la tiza y el tablero
El liderazgo de El Profe en este corregimiento se orientó más a la educación de los jóvenes, que presenciaron una guerra que dejó secuelas, vidas marcadas y un sinsabor que transformó el desarrollo de este pueblo; en pocas palabras, un reversazo a lo que pudo ser una comunidad próspera, en paz y sin víctimas.
“En el 2001 fui nombrado como rector de la institución. No fue fácil el retorno porque había unas conductas y comportamientos, tanto de padres de familia como de los jóvenes, que replicaban de alguna manera el actuar de los violentos”, manifiesta este líder que quiere transformar vidas a través de la educación. “Fue difícil al principio porque ellos creían que todo el tiempo se tenía que obedecer a punta de fusil, porque todo se hacía con amenazas”.
La segunda vez que entraron los paramilitares a la población no fue para asesinar sino para radicarse en el territorio, imponer sus reglas y cambiar las normas de convivencia de esta población. En La Pacha reinaban la intimidación y el poder que daban a unos pocos el cultivo de la coca.
“Los docentes empezamos a realizar la pedagogía de retorno. Encontré una población estudiantil disminuida. Algunos les daban lo mismo estudiar o no porque estaba el trabajo de raspar coca que les producía más plata; hasta niños entre ocho y diez años fueron vinculados a esta actividad”.
En el 2002, la institución que hoy lidera El Profe solo graduó a siete estudiantes. Muchos desertaban en primero de bachillerato por trabajo, por matrimonios y embarazos a temprana edad. Pero el don de la palabra cogió fuerza y se abrió camino en medio del ambiente hostil que se vivía en ese momento.
El deporte también contribuyó a su transformación. “Con los partidos de futbol, microfútbol y voleibol, además de mucho diálogo, fuimos direccionando a los jóvenes para que se enamoraran de la institución y así rescatamos a muchos”.
La construcción de un polideportivo, aulas escolares y una sala de informática con computadores hacen parte de la gestión lograda por ese líder. “Ahora queremos un colegio técnico agropecuario, piscícola o con alguna modalidad que les permita a los estudiantes desempeñarse en un oficio en un momento dado o saltar de la institución al SENA o a un colegio técnico, para que se preparen mejor”, dice El Profe.
Los últimos desafíos
Otro reto importante para estos líderes es que La Pacha sea declarado Sujeto de Reparación Colectiva. En este proceso los acompaña la Personería municipal, que realiza un trabajo importante con la Defensoría del Pueblo para que se reconozca la masacre ocurrida en este corregimiento.
Al respecto, la personera del municipio de Altos del Rosario, Yarleidis Santana, expresó: “Se adelantaron jornadas de toma de declaraciones, proceso que va un poco lento por el tema de la pandemia, pero estamos confiados en el trabajo que se viene realizando con la Defensoría. Solicitamos el apoyo y la disposición de la Unidad para las Víctimas para que este proyecto salga adelante. Las víctimas de La Pacha merecen ser reparadas”.
Resarcir el daño causado por el conflicto, regresar a la vida próspera y productiva, volver a la tradición, borrar la tristeza, recuperar la confianza, contar con la ayuda del Estado, poder vivir en paz y, sobre todo, saber la verdad de lo ocurrido en esta población, eso es lo que anhela la comunidad.
Lo que pasó en Las Pachas, en el municipio de Altos del Rosario (Bolívar), refleja el impacto que causó el conflicto armado, el precio que pagó la comunidad y el reto asumido para transformarse desde la educación y el liderazgo social. Hoy la comunidad busca que se le repare por el daño causado, regresar a la vida próspera, volver a la tradición y borrar la tristeza.
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