Con el fin de prevenir los riesgos de fraude, la Unidad para las Víctimas llegó a los departamentos de Caquetá y Huila con la campaña “Yo tramito sin tramitadores”, para sensibilizar a la población víctima y articular esfuerzos con entidades territoriales, personerías y enlaces de mesas departamentales y municipales de víctimas.
“En la Dirección Territorial Caquetá-Huila, hemos recibido más de 640 quejas por presunto fraude, de las cuales, más de 330 ya avanzan como denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Por eso, le queremos recordar a la población víctima que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y deben hacerse únicamente en los canales oficiales”, afirmó la directora territorial de la entidad en Caquetá y Huila, Mónica Castaño Duque.
Con corte al 31 de agosto de 2025, la entidad reportó una cifra total de 9.939 quejas recibidas a través de sus diferentes canales de atención. De estas, 3.691 han sido denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas falsas víctimas y delitos como falso testimonio, fraude procesal, estafa, falsedad documental, fraude en subvenciones, violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos.
En el caso de la Dirección Territorial Caquetá-Huila, los reportes reflejan un total de 494 quejas en el departamento del Huila, provenientes de 20 municipios, entre ellos Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata. De estas, 259 ya cursan como denuncia formal ante la Fiscalía.
De otra parte, en el departamento del Caquetá se han recibido 152 quejas de municipios como Florencia, El Paujil, San Vicente del Caguán y Doncello. De estas, 73 avanzan en proceso judicial ante la Fiscalía, principalmente por delitos de fraude procesal, falsedad en documentos y estafa.
La campaña “Yo tramito sin tramitadores” busca alertar a la ciudadanía frente a tramitadores que, de manera ilegal, ofrecen gestionar beneficios que corresponden exclusivamente a la población víctima del conflicto armado.
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Con estas acciones, la Unidad para las Víctimas reafirma su compromiso de garantizar transparencia en la atención, proteger los derechos de las víctimas y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones del Estado, especialmente en estos territorios más apartados del país.