El miércoles 21 de mayo de 2025, la funcionaria reportó a la entidad esta repudiable situación. A través de una videollamada, hombres con el rostro cubierto y con prendas alusivas a la guerrilla del ELN se comunicaron con su esposo y le indicaron que la orientadora tenía 12 horas para abandonar el municipio o, de lo contrario, su vida correría riesgo.
Tan pronto se conoció la situación, la Unidad para las Víctimas activó la ruta de atención prioritaria, poniendo este hecho en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Estación de Policía local y la Alcaldía de Pueblo Rico, lo que permitió iniciar una investigación formal.
La indagación realizada por la Seccional de Investigación Judicial y Criminal (SIJIN) arrojó que la amenaza correspondía a una modalidad delictiva asociada a llamadas extorsivas. Desde entonces, la funcionaria y su familia han recibido atención inmediata por parte de la Estación de Policía de Pueblo Rico. Además, la entidad ha hecho seguimiento al caso y ha ofrecido atención psicosocial para prevenir cualquier riesgo.
Katherine García Ochoa, directora territorial de la entidad en el Eje Cafetero aseguró que “pese a que en este municipio habitan estructuras de grupos armados, en esta ocasión la amenaza no fue encabezada por ellos. Sin embargo, esta situación pone sobre la mesa el debate de otras dinámicas de delincuencia que están en todo el país y que deben ser atendidas para que otras personas no sean víctimas de esta modalidad”.
Aunque en el departamento de Risaralda se han evidenciado dinámicas asociadas al conflicto armado, como el confinamiento y desplazamiento del resguardo indígena Gitó Dokabú, en febrero de 2025, en el corregimiento de Santa Cecilia y el asesinato del firmante de paz Arley de Jesús Holguín, el pasado 17 de junio, en esta ocasión la investigación judicial reafirma que se trata de una llamada extorsiva.
La Unidad para las Víctimas hace un llamado al respeto de los funcionarios y contratistas que prestan atención en los territorios a las víctimas del conflicto y a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, y reitera el compromiso por la seguridad de cualquier funcionario que enfrente intimidaciones por parte de la delincuencia común o grupos armados.
