El Gobierno nacional reiteró este martes su compromiso con el acompañamiento integral de la población Emberá víctima del conflicto armado que está asentada en Bogotá. Como muestra de ello, los ministerios y entidades del orden nacional han atendido de manera ininterrumpida a esta población en condición de vulnerabilidad.
La Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior, como principales entidades respondientes, han asumido con plena responsabilidad su rol frente a la situación de esta comunidad indígena y han mantenido un trabajo constante y comprometido, contribuyendo a su subsistencia mínima en alimentación en especie, giros de apoyo económico enfocados en la alimentación y alojamiento temporal. Además, ha acompañado a las comunidades que manifestaron su intención de retornar voluntariamente.
“Hacemos un llamado urgente a la Alcaldía de Bogotá para comprender que esta no es una situación simplista. Se trata de un proceso estructural de retorno, reubicación e integración local, que requiere una articulación real y efectiva entre autoridades del orden nacional, distrital y territorial. La colaboración armónica entre niveles de gobierno es la única vía posible para garantizar derechos y soluciones duraderas”, afirmó la directora general (e) de la Unidad para las Víctimas, Gloria Cuartas Montoya.
El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, anunció que “el Gobierno nacional cita mañana a todas las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) para abordar el retorno de los Embera y la posibilidad de que algunas de estas comunidades se quieran quedar a vivir en Bogotá”.
La directora general (e) resaltó que uno de los principales retos para atender integralmente a esta población han sido las divisiones al interior de los liderazgos Emberá y los constantes cambios en las vocerías, ligados a la interlocución con distintos ministerios, han dificultado gravemente la caracterización de la población, e incluso han sometido a las entidades a presiones y chantajes que obstaculizan el cumplimiento de sus funciones.
Además, factores estructurales como la ruptura del tejido social y el debilitamiento de los procesos organizativos han causado el fraccionamiento del pueblo Emberá. La explotación ilegal de recursos minerales y la presencia de los grupos armados organizados son un factor preponderante que históricamente han afectado a las comunidades, ocasionando hechos victimizantes.
La directora general (e) además señaló que una de las condiciones que hoy exige con urgencia la población Emberá, es contar con condiciones dignas en los albergues temporales. Tal y como lo ordena el fallo judicial al respecto, la Secretaría de Integración Social de Bogotá, como entidad encargada del albergue temporal UPI La Rioja, debe encargarse de evaluar, reparar y garantizar el mantenimiento de este espacio.
“Invito al alcalde Carlos Fernando Galán a abrir un diálogo directo con sus secretarías de despacho y a sumarse de manera efectiva a la colaboración armónica entre niveles de gobierno, que es la única vía posible para garantizar derechos y soluciones duraderas. Nos corresponde a nosotros como Unidad para las Víctimas y a ellos como Distrito estos caminos para proteger a las comunidades indígenas”, añadió Cuartas Montoya.
Además de hacer este llamado a la articulación interinstitucional armónica, la directora general (e) de la Unidad resaltó los resultados de la atención al pueblo Emberá desde la entidad y expuso algunos de los retos que se tienen como Gobierno para poder dialogar directamente con las comunidades Emberá que están en condición de vulnerabilidad a la espera de la definición de una ruta de retorno y reubicación segura.
Al respecto se detalló que, desde el año 2021, la entidad ha invertido $3.743 millones en la atención de esta población. Desde el 7 de enero de 2023, la Unidad ha entregado más de 3.428 kits de alimentos a la
población Emberá asentada en la UPI La Rioja. Esta atención ha representado una inversión superior a $1.816 millones en alimentación.
A los hogares alojados en la UPI La Florida, entre noviembre de 2022 y abril de 2025, la Unidad para las Víctimas ha entregado 3.363 kits de alimentos por un valor superior a $1.695 millones. Además, ha entregado 2.249 kits de aseo, por un valor total de $185 millones.
También a la población ubicada en la UPI La Rioja se le actualizó la manifestación de intencionalidad, paso necesario para definir su voluntad frente a procesos de retorno, reubicación o integración local. Estas jornadas se desarrollaron entre el pasado 15 y 16 de mayo.
A esto se suma el retorno efectivo con recursos de la Unidad para las Víctimas de 678 personas que conforman 299 hogares acompañados, conformados por 348 mujeres, 330 hombres y 364 menores de edad.
Desde el mes de abril, la Unidad ha liderado sesiones con las entidades adscritas al SNARIV, la Unidad de Cumplimiento, Ministerio Público, cooperantes internacionales y organizaciones sociales que representan a la comunidad Emberá. Estos escenarios que han permitido retomar buenas prácticas para atender de manera integral los problemas estructurales que enfrenta el pueblo Emberá.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) se encargará de hacer una articulación con el Ministerio del Interior, alcaldes y gobernadores del Chocó y Risaralda, para definir una ruta clara y consensuada de retorno y reubicación.
También, sigue comprometida con el seguimiento a la sostenibilidad del retorno. Por eso, del 10 al 14 de junio se llevará a cabo un ingreso al resguardo Tahamí del Alto Andágueda, en el departamento del Chocó, que será liderado y coordinado por la entidad para llevar una respuesta articulada y efectiva al territorio ancestral.
Es importante resaltar que, si bien se han realizado esfuerzos entre instituciones locales y nacionales para brindar asistencia, es responsabilidad de toda la sociedad contribuir a la salvaguarda y garantía de sus derechos, promoviendo un entorno armonioso que respete y asegure su autonomía como pueblo indígena.
La Unidad para las Víctimas reafirma su compromiso con búsqueda de soluciones duraderas que superen la atención de crisis puntuales y abran camino a la paz y la dignidad del pueblo Emberá. Además, hace un llamado al respeto y la no discriminación de la población indígenas, así como al respeto de parte de los Emberá a los colaboradores y funcionarios públicos, luego del hecho de violencia física registrado el fin de semana en el centro de Bogotá contra una funcionaria del Distrito.
