Hace 20 años, María Olarte* tuvo que dejar atrás todos sus enseres y se desplazó por cuenta de las amenazas de grupos armados ilegales. Luego de dos décadas de espera, ella recibió su carta de indemnización como una medida para resarcir los daños que le ocasionó el conflicto armado.
Luego de desplazarse forzosamente, María no se dejó abatir por la guerra y decidió salir adelante creando un emprendimiento de alimentos con el que ha sostenido a su familia y ahora, con los recursos que recibió, asegura que planea fortalecerlo. “Haber sido desplazada marcó mi vida, pero no me quitó la fuerza para seguir adelante”, afirmó.
Así como María, más de 900 víctimas del conflicto armado se beneficiaron de las 1.004 cartas que entregó la Unidad para las Víctimas, con una inversión superior a $13.000 millones: en los municipios de Pivijay y Santa Marta fueron entregadas 647 indemnizaciones administrativas, mientras que en Ciénaga se realizó la entrega de 357 indemnizaciones judiciales a víctimas reconocidas en las sentencias de Justicia y Paz.
Estos recursos contribuyen al fortalecimiento de proyectos productivos, el acceso a educación, vivienda y bienestar para las familias que hoy continúan escribiendo nuevas historias desde la dignidad.
“Cada carta entregada es un símbolo de justicia y de confianza en el futuro. La reparación no solo reconoce el pasado, sino que impulsa nuevos comienzos y reafirman el compromiso del Estado con las víctimas”, destacó Martha Rodríguez, directora territorial (e) de la entidad en el Magdalena.
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Con estas acciones, la Unidad para las Víctimas ratifica su compromiso con el Magdalena, impulsando procesos de reparación que fortalecen la reconstrucción del tejido social, el reconocimiento de los derechos y la dignidad de quienes han vivido los efectos del conflicto armado.