A través del Conpes 4031, aprobado el pasado 11 de junio, el Gobierno nacional, bajo el liderazgo de la Vicepresidencia de la República, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y el Departamento Nacional de Planeación, fortalecerá la implementación de la Política de Atención y Reparación a Víctimas, con enfoque diferencial y de género, a través de 50 acciones —específicas y generales—, establecidas por las diferentes entidades nacionales para la atención y reparación a las mujeres víctimas del conflicto armado en el país.
Dentro del conjunto de acciones dirigidas están el apoyo al emprendimiento con fortalecimiento de negocio; financiación para la entrega de líneas de crédito especiales; afiliación de mujeres víctimas de violencia sexual al Sistema General de Seguridad Social en Salud; servicios de rehabilitación psicosocial; inscripción de mujeres a nombre propio y/o como cónyuges en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), entre otras medidas de prevención, protección, atención, asistencia, reparación y participación.
Así mismo, en el documento se materializa la atención a las problemáticas que enfrentan las mujeres en el marco del conflicto, esto en una oferta específica de las entidades nacionales que responde a los riesgos de género y a las vulnerabilidades a las que se exponen.
Cabe resaltar que el enfoque de mujer y género se ha incorporado de manera progresiva en los diferentes procesos que se implementan en la prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral para las víctimas durante los 10 años de la Ley de Víctimas.
La Ley 2078 del 8 de enero de 2021, sancionada por parte del presidente Iván Duque —que prorroga la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras hasta el año 2031— tiene como propósito la no regresividad en los derechos adquiridos por las víctimas, compromiso ratificado a través de la aprobación de este Conpes, el cual contiene las principales acciones y metas de las entidades nacionales en la política pública de atención y reparación para los próximos 10 años.
La inclusión del enfoque diferencial y de género se mantendrá como un principio fundamental de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, a través de acciones concretas en los diferentes planes, programas y proyectos con el fin de avanzar en la garantía de los derechos, de una manera diferenciada, a los Sujetos de Especial Protección en las medidas de atención, asistencia y reparación integral.
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