Con el fin de acompañar a las entidades en la planeación, ejecución y seguimiento a la implementación de la política pública de víctimas (Ley 1448); la Unidad para las Victimas, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Gobernación de Nariño, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Unidad de Restitución de Tierras y con el apoyo de Colombia Transforma, se realizaron jornadas de asistencia técnica diferenciada a 11 alcaldías del departamento de Nariño.
En estas jornadas se tuvo en cuenta el Modelo de Intervención Territorial Integral (MITI), un instrumento estadístico que evidencia las necesidades de los municipios en materia de atención humanitaria, reparación y oferta, a través del análisis y categorización de datos provenientes de más de 46 fuentes de información, incluyendo entidades del SNARIV y otros sectores.
“Desde la Unidad para las Víctimas hay una priorización por parte del Miti y si nos damos cuenta esa priorización coge a todos los municipios de la costa pacífica nariñense y realizamos esa asistencia técnica diferenciada, en la cual damos los lineamientos frente a lo que ocurre ahora en los territorios, frente a la implementación de la política pública de víctimas”, aseguró Carlos Guerrero, profesional de la Unidad para las Víctimas en Nariño.
Fueron tres días de trabajo donde los funcionarios de las alcaldías y coordinadores de las Mesas de Participación Efectiva de Víctimas recibieron capacitación en relación a los lineamientos de las instituciones, la implementación de la ley 1448, los planes de contingencia, prevención, retornos y reubicaciones, reparación colectiva y los comités de justicia.
Ronal Torres, enlace de víctimas del municipio de La Tola destacó “es muy importante el tema de la capacitación que hemos recibido estos tres días para tratar la política publica de víctimas y para que quede inmerso dentro de los planes de desarrollo que es la carta de navegación de los mandatarios de estos cuatro años para brindar mejor atención a nuestras víctimas, esto nos fortalece a nosotros como enlaces, como funcionarios”.
Para cumplir con las acciones de restablecimiento de derechos y forjar un camino hacia la reconciliación como lo establece el Acuerdo de Paz, se implementan estos espacios de articulación institucional donde se busca fortalecer a las entidades territoriales en sus procesos de planeación y atención a las víctimas.
“Esperamos que, con esto ellos se apropien de esta política, de los diferentes procesos de nuestras entidades y podamos entregar resultados efectivos a la población que hoy lo necesita, que ha sido víctima del conflicto armado en el departamento de Nariño”, es lo que dio a conocer la directora territorial de la Unidad de Restitución de Tierras.
El Charco, Francisco Pizarro, La Tola, Mosquera, Ricaurte, Barbacoas, Magüí Payán, Olaya Herrera, Roberto Payán, Santa Bárbara de Iscuandé y Tumaco, participaron de las asistencias técnicas y resolvieron las dudas en torno a los procesos desarrollados por las entidades en los territorios y en cuanto a las obligaciones que tienen con las comunidades.
El secretario de gobierno de El Charco, Mercedes Erazo, destaco la importancia de estos procesos y dijo “hay muchos funcionarios y contratistas que son nuevos en este tema de la implementación de la política publica de víctimas en el territorio del departamento de Nariño, para nosotros es de gran importancia haber tenido este espacio y ojalá lo sigamos teniendo en cuenta por parte de la Unidad para las Víctimas y demás organizaciones, porque estos son los espacios que nosotros necesitamos”.
Temas recomendados
De igual Manera, Jhon Romo, funcionario de la secretaria de paz y derechos humanos de la Gobernación de Nariño, destacó “poder fortalecer las entidades territoriales, poder garantizarles al menos que ellos estén coordinados en sus planes de acción estratégica y que esto permita de alguna manera atender las necesidades de la población”.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
