Escudo de Colombia y texto de la Unidad para las Víctimas

Comunidades campesinas y étnicas en San Miguel, Putumayo, se declararon libres de minas antipersonal

El pasado martes, se celebró la declaración oficial de 21 veredas del municipio de San Miguel, Putumayo, como lugares libres de la sospecha de minas antipersonal. A este encuentro también asistieron líderes y lideresas de asociaciones de víctimas, al igual que entidades del orden nacional y territorial

Este 11 de marzo se dieron cita lideresas y líderes campesinos, así como comunidades indígenas y afro de las 21 veredas del municipio de San Miguel, Putumayo, donde la organización civil de desminado humanitario The Halo Trust, trabajó por cinco años para encontrar y destruir los artefactos explosivos que han quedado instalados y abandonados luego del largo conflicto en la región. Posterior a este trabajo, se celebró la declaración oficial de estos territorios del municipio como libres de la sospecha de minas antipersonal.

A este evento también asistieron líderes y lideresas de asociaciones de víctimas, y construcción de paz; al igual que entidades del orden público nacional y territorial, cuya misión está ligada a garantizar procesos de protección de Derechos humanos, y reparación integral a víctimas.

En diciembre de 2017 el Alto Comisionado para La Paz asignó a The Halo Trust, para iniciar con el proceso de desminado civil humanitario en esta zona del Bajo Putumayo, que comprende 21 comunidades campesinas y étnicas del occidente del municipio, entre las que también se encuentran los territorios de las etnias indígenas Inga, Pastos, Awá, y el Movimiento de Negritudes de Etnia Afrocolombiana.

Todas estas comunidades han sufrido las consecuencias del conflicto armado desde finales de los años 70, con periodos de mayor conflicto y agudización entre los años 1998 y 2009, dejando como una de sus secuelas la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos como mecanismo de control territorial. La Unidad para las Víctimas señala que 519 personas han sido afectadas por una mina antipersonal, munición sin explosionar o artefacto explosivo improvisado en este departamento, de las cuales 186 lo han registrado oficialmente, y 26 lo han hecho en el municipio de San Miguel.

“Estoy muy complacida de que hayamos podido acompañar esta reparación simbólica. De esta manera avanzamos en el ejercicio de articulación interinstitucional, nos alegra por la población víctima y general de las veredas beneficiadas que ahora podrán desplazarse sin temor, nos alegra porque de alguna manera podemos reparar a las víctimas de minas antipersonal, munición sin explosionar o artefacto explosivo improvisado”, indicó Amanda Camilo Ibarra, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Putumayo.

The Halo Trust despejó cerca de 68.000 metros cuadrados con sospecha de estar minados, lo que equivale a un aproximado de 13 canchas de fútbol, en donde se encontraron y destruyeron 33 artefactos explosivos, beneficiando a más de 2.900 de sus habitantes.

Oliver Ford, director de The Halo Trust en Colombia, expresó su gratitud durante el espacio: “Este es un resultado del que debemos sentirnos muy orgullosos. Nuestra presencia en el territorio durante estos años, atravesados por la pandemia, no solo involucró el arduo trabajo de las mujeres y hombres de esta región como dentro de los equipos de desminado y estudio no técnico, sino también el apoyo de todas las comunidades de San Miguel, a quienes agradecemos por creer en este proyecto y confiar en el trabajo de Halo como una forma de contribución a su desarrollo”.

San Miguel es uno de los 170 municipios que hace parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), por lo que esta declaratoria abre el camino para que se le dé trámite a más de 530 solicitudes de restitución de tierras, y que otras entidades ingresen a hacer procesos de reparación y desarrollo con territorial.

Durante el desarrollo de la actividad, la Unidad para las Víctimas realizó la primera jornada de atención del año con su estrategia “Cambio de punto”. Así, una orientadora brindó información, asistencia y acompañamiento a las víctimas del conflicto armado sobre el estado de sus procesos.

En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.