Durante 2023, en Valle del Cauca, la Unidad para las Víctimas volcó sus acciones a acercarse cada vez más a los territorios. Es así como en aras de fortalecer esa presencia en las comunidades, la institución llegó con su atención a los 42 municipios del departamento, no solo a través de sus Centros Regionales de Atención a Víctimas (CRAV) en Cali y Buenaventura, y Puntos de Atención a Víctimas (PAV) en Cartago, Tuluá, Buga y Palmira, sino también con 88 jornadas descentralizadas, en las cuales se atendieron más de 10.000 casos de víctimas del conflicto armado.
Asimismo, se llegó a 1.400 personas de Dagua, Tuluá, Buenaventura, Jamundí, Yumbo y Cali con estrategias psicosociales que buscaron aportar a la recuperación emocional, memoria y dignificación de estas personas.
“Nuestra apuesta es avanzar cada vez más en ese camino de la reparación integral de las víctimas del Valle del Cauca, llegando a veredas como La Gloria, en Buenaventura, a donde hace poco fuimos acompañados de toda la oferta institucional, atendiendo el llamado a esa cercanía y presencia tan necesarias. Es allí, con la gente, donde está nuestro compromiso y esfuerzo”, expresa Rosiris del Socorro Angulo, directora territorial de la entidad en el departamento.
Recordemos que, en Valle del Cauca, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV), el 13,9% de la población es víctima del conflicto armado, es decir, 643.556 personas.
En este año se realizaron acciones con Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) como la entrega de elementos para proyectos productivos agrícolas y pecuarios por más de 700 millones de pesos en El Queremal, en Dagua, así como entregas similares en el Líbano y Pradera. También se entregaron dotaciones escolares para las veredas de la comunidad de Buenos Aires, en el municipio de San Pedro.
Se resalta también el avance en la formulación de Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) como es el caso de cinco comunidades étnicas de Buenaventura: consejos comunitarios Mayor de Anchicayá, de Alto y Medio Dagua, Cuenca Baja del Río Calima, Cimarrón Cisneros y Comunidad Negra de Citronela. Con estas comunidades se desarrollaron jornadas intensivas de trabajo para construir de manera conjunta la hoja de ruta hacia su reparación.
Gran impacto tuvo la labor desarrollada en Buenaventura, distrito donde se estima que el 62% de la población es víctima del conflicto armado. Allí, se avanzó con firmeza hacia el retorno de las comunidades de Santa Rosa de Guayacán y Bajo Calima y se reconstruye la confianza y trabajo mancomunado con la Mesa de Acceso a la Justicia, Víctimas, Protección y Memoria.
Además, allí fueron acompañadas permanentemente las situaciones de emergencia, dando el apoyo correspondiente en alimentos, kit de alistamiento y asistencia técnica, lo que también esto se dio en otros escenarios como en El Dovio, con la comunidad indígena de El Batatal que se encuentra en situación de desplazamiento forzado.
“El enfoque diferencial fue un gran eje de nuestro trabajo este año, con hitos como el primer encuentro de mujeres afro e indígenas realizado en Buenaventura, donde se reconocieron y valoraron todos esos aportes que desde la cultura propia y el trabajo comunitario se hacen a la reparación integral”, señaló Rosiris Angulo, quien destacó la participación de la entidad en numerosos actos conmemorativos como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Acciones que llaman como sociedad a participar de la reparación y ver que esta es asunto de todos y todas.
También, con la Feria Emprende Pacífico, realizada en Cali, se visibilizaron 105 emprendimientos de víctimas del conflicto armado de todo el país, en un espacio organizado en alianza con la Alcaldía de Cali, la Gobernación del Valle y el SENA.
Asimismo, en la misión de liderar el Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto (SNARIV) en el Valle del Cauca se brindó constante acompañamiento a los entes territoriales y se generaron además espacios de formación y capacitación, apuntando a fortalecer la atención a las víctimas del conflicto.
Finalmente, se entregaron más de 15.000 indemnizaciones por recursos que superan los 120.000 millones de pesos y que llegaron a beneficiarios y beneficiarias de todos los municipios del departamento.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
