La dirección territorial Magdalena Medio de la Unidad para las Víctimas está conformada por municipios de cuatro departamentos como son: Cimitarra, Landázuri, Puerto Wilches, Sabana de Torres, Puerto Parra, Barrancabermeja, en Santander; Puerto Berrio, Puerto Nare y Yondó, en Antioquia; San Alberto, González y Río de Oro, en Cesar y Morales, Arenal, Norosí, Río Viejo, Regidor, San Pablo, Cantagallo, Simití y Santa Rosa del Sur, en Bolívar.
Esta zona del país fue una de las más afectadas, en los años noventa por los diferentes actores armados que participaron en el conflicto armado colombiano y que dejó más de 200.000 víctimas en la región
2023 fue un año que marcó el trabajo de la entidad en el Magdalena Medio. En esta dirección territorial se logró la firma de tres Planes de Integrales de Reparación Colectiva (PIRC). El primero en el corregimiento de Cerro de Burgos zona rural de Simití; el segundo en el corregimiento de Micoahumado, área rural de Morales y el tercero de la comunidad del municipio de Norosí. Los tres ubicados en el departamento de Bolívar.
Estos planes plasmaron de forma predominante proyectos enfocados en fortalecer y adecuar instituciones educativas, mejoramientos en infraestructura de escenarios deportivos, dotación de casas comunales, promoción y fortalecimiento de proyectos pecuarios y bovinos, construcción de centros de memoria, dotación deportiva y cultural, mejoramiento de vías, embellecimiento de cementerios, entre otras que contribuyen en la reparación integral de estas comunidades afectadas por el conflicto armado en otrora.
En cuanto a otros avances significativos en esta dirección territorial es importante mencionar que se realizó de forma constante un trabajo psicosocial alrededor de toda la región, lo que permitió dar cumplimiento a las recomendaciones del informe de seguimiento realizado por la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público, en el que se pidió realizar este trabajo con las comunidades rurales.
Consecuentemente es necesario mencionar que estas acciones con enfoque territorial encaminadas a la reparación integral se ejecutaron articuladas con los procesos de retornos y reubicaciones, reparación colectiva y prevención de emergencias, permitiendo atender las necesidades reales de este particular territorio.
El territorio y la nación
En este aspecto es necesario dar a conocer que este año, la Unidad para las Víctimas realizó jornadas de empalmes con los equipos de Gobierno 2024 – 2027 y con los nuevos integrantes de las mesas de participación efectiva de víctimas articuladamente con entidades como Prosperidad Social, Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Jurisdicción Especial para la Paz, Misión de Verificación de las Naciones Unidas, Agencia de Renovación del Territorio y la Agencia de Reincorporación y Normalización.
“Estos espacios de empalme son un gran logro, porque se proyectó el 2024 y se establecieron compromisos con los nuevos mandatarios y sus equipos de gobierno en el que ellos encontraron una ruta a seguir en sus labores para avanzar en el cumplimiento de las acciones que coadyuven a la superación de la situación de vulnerabilidad y la reparación integral. Finalmente, en estos ejercicios se logra la creación de la Mesa Interinstitucional para el acuerdo de paz y se avanza desde el poder transformador de las víctimas, para la dignificación y atención de la política pública de víctimas”, expresó Águeda Plata Gómez, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio.
Además, se logró el fortalecimiento de la participación de las víctimas a través de la instalación de las 21 mesas municipales y la asistencia técnica que se realizó en estos nuevos liderazgos en temas relacionados con la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la Política Pública de Víctimas.
Retornos seguros, dignos y transformadores
Siguiendo con los hitos importantes que se desarrollaron en la región del Magdalena Medio, es preciso decir que, en el marco de los planes de retornos y reubicaciones, se realizó la implementación de la estrategia de atención psicosocial “Tejiéndonos” en las comunidades de La Sierra y La Pesca (Puerto Nare) Puerto Araujo, Santa Rosa, (Cimitarra) La Esmeralda, La Palma, (Morales) Bocas del Carare y las Montoyas (Puerto Parra).
Adicionalmente se avanzó en la formulación y aprobación de cinco planes de retornos y reubicaciones en el municipio de Regidor, Bolívar. Tres en las veredas Conformidad 1, 2 y 3 del municipio de Morales, Bolívar. Uno en el corregimiento el Guayabo del municipio de Puerto Wilches, Santander; y a su vez en el distrito de Barrancabermeja, Santander, se logró la formulación de dos planes de retornos y reubicaciones en las comunidades urbanas del barrio Caminos de San Silvestre y el barrio 22 de marzo.
Además, en el marco de estas implementaciones de planes de retornos y reubicaciones, se logró la focalización necesaria para beneficiar a 50 familias, víctimas del conflicto, con la entrega de unidades de negocio en el marco de los esquemas especiales de acompañamiento familiar para el municipio de San Pablo, Bolívar.
En cuanto al proceso de los proyectos por oferta se consiguió la aprobación de 57 proyectos, que a la fecha se encuentra en entrega, de los cuales la mayor la cantidad de estos tiene como fin fortalecer las comunidades en proceso de retorno y reubicaciones, además de la implementación transformadora en municipios con emergencias humanitarias masivas recurrentes e implementación de medidas de reparación colectiva.
Avanzó el pago de indemnizaciones en la región
Por primera vez, el Fondo para la Reparación a las Víctimas logró la monetización de bienes entregados por los postulados responsables en las sentencias de la Ley de Justicia y Paz, por un valor cercano a los 23.000 millones de pesos, distribuidos en las 643 víctimas que cobija la sentencia. Este ejercicio de entrega de indemnizaciones judiciales contó con la participación del presidente de la República, Gustavo Petro y de la directora nacional de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí.
Posteriormente se logró seguir entregando indemnizaciones judiciales, logrando llegar a la suma total de 39.000 millones de pesos durante la vigencia 2023.
En cuanto a los avances en la indemnización por vía administrativa, se logró entregar la medida a 1.027 personas, por valor aproximado a 7.600 millones de pesos.
Emergencias atendidas con dignidad y transformación
Finalmente es relevante mencionar el significativo trabajo que se ha realizado desde el proceso de prevención urgente y atención en la inmediatez, con la atención de las comunidades, en el marco de las emergencias humanitarias en Santa Rosa del Sur con registro de 1.042 familias y 3.356 personas y Arenal con 142 familias y 357 personas, ambos municipios del sur de Bolívar.
Con este trabajo se ha logrado generar confianza, mantener un constante y oportuno acompañamiento, intervención integral desde las diferentes estrategias implementadas e igualmente se garantizó la entrega de kits de alimentos y de aseo, al igual que, bajo el mecanismo en dinero los componentes de alimentación y alojamiento.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
