La última semana de septiembre sucedió lo que durante cuatro años fue impensable: funcionarios del Fondo para la Reparación (FRV) -de la Unidad para las Víctimas- ingresaron a la hacienda El Silencio, ubicada en la vereda Piamonte del municipio de Cáceres, en el Bajo Cauca Antioqueño. Es un predio extenso, enclavado en una zona de alto riesgo con presencia del Clan del Golfo y que perteneció a Carlos Mario Jiménez Naranjo, mejor conocido como ‘Macaco’, excomandante del Bloque Central Bolívar de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia.
Un helicóptero de la Fuerza de Tarea Halcón de la Policía Nacional transportó a los siete funcionarios que regresaban para retomar el control de El Silencio. En el aire los acompañaron 16 policías élite. Mientras, por tierra, el pelotón Croacia 3 de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles del Ejército acordonaban el perímetro luego de caminar durante siete días para cumplir con esta misión.
La hacienda tiene más de mil hectáreas y es uno de los 2.839 inmuebles que el FRV tiene bajo su administración para monetizarlos y comercializarlos con un único objetivo: indemnizar a quienes sufrieron los horrores del paramilitarismo y están reconocidos en las sentencias falladas por los jueces de Justicia y Paz. A pesar de que una administración diligente y eficaz demanda inspeccionar cada predio por lo menos una vez al año, esta administración encontró en los reportes documentales –como el acta de recepción- que la entidad solo había visitado El Silencio en dos ocasiones en ocho años: en 2015, cuando la Fiscalía General de la Nación le hizo entrega del inmueble, y en 2019, durante una de estas inspecciones.
Esta visita hizo parte de un plan que el Fondo puso en marcha, luego de encontrar falencias en la administración de varios bienes. El Gobierno del Cambio recibió inmuebles invadidos o con ocupaciones irregulares, sin saneamiento físico, jurídico, económico y fiscal, con minería ilegal, por lo que tuvo que solicitar una auditoría oficial a la Secretaría de Transparencia de Presidencia que le permitiera tener un diagnóstico de la situación para generar acciones con real incidencia para la monetización. Una tarea colosal.
Por esta razón, la entidad puso en marcha un plan a nivel nacional para conocer el estado real de los bienes, sanearlos, recuperar millones que se le adeudaban en arriendos, formalizar las ocupaciones y retomar el control sobre ellos. Una tarea colosal.
Entrar a la hacienda El Silencio fue un desafío y, por lo mismo, un avance significativo. El equipo del FRV se instaló durante 10 días en el Bajo Cauca Antioqueño para inspeccionar los 93 predios ubicados en los municipios de Cáceres, Caucasia y Tarazá. No lo hizo solo. Contó con el respaldo de la Fuerza Pública durante toda la operación para garantizar la seguridad.
La zona de Piamonte es montañosa y está rodeada por los ríos Nechí y Cauca. Durante los años del paramilitarismo se configuró como una región cocalera y luego se desarrolló la minería ilegal que predomina hasta hoy. Los grupos armados de la zona utilizan el Piamonte y otros territorios colindantes como la Caucana y San José de Uré para conformar un corredor de tráfico de armas y de estupefacientes que llega hasta el Golfo de Urabá. Entre los hechos más recientes están las capturas que efectuaron la teniente Paola Quintero, del Ejército, y los 26 uniformados que tiene bajo su mando. Durante la última semana de septiembre, que coincidió con la operación del FRV, la oficial capturó a alias ‘Darío’, ‘Tejado’ y ‘Arnold’, tres cabecillas del Clan del Golfo que operaban en la zona, algo que tensionó el ambiente de orden público.
No obstante, para el Fondo para la Reparación a las Víctimas romper estas barreras fue posible con voluntad política y trabajo interinstitucional. Cuando el helicóptero aterrizó en El Silencio, el FRV pudo comprobar el estado de abandono de este inmenso predio: las hectáreas de tierra desaparecieron y ahora había kilómetros de barro y montañas de piedras producto de la búsqueda de oro. Retroexcavadoras, ‘tapetes’ y otras estructuras para extraer el metal precioso fue el común denominador que se encontró en la zona.
El nivel de desatención que existió por tantos años se evidenció en esa visita incluso cuando los funcionarios del FRV se toparon con un grupo de mineros que alegaban no saber que la hacienda tenía la vocación de reparar a las víctimas del paramilitarismo. “Desde que yo tengo memoria, la gente aquí toda la vida ha sido minera, tan solo vaya al pueblo para que todo el mundo responda que es barequero, motobombero. Bueno, la dejaron un tiempo cuando ese señor se adueñó de estas tierras. Después que él se fue, la gente volvió a la misma actividad porque de qué van a vivir. Nosotros hacemos parte de una asociación de pequeños mineros y nunca habíamos escuchado hablar del Fondo para la Reparación, solo que estos predios pertenecieron antes a ‘Macaco’”, expresó Andrés Rojas*, minero en El Silencio.
Los resultados en un año
Con la operación, el Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV) retomó la posesión del 64% de los inmuebles en Cáceres, Caucasia y Tarazá. Este mismo trabajo lo ha replicado en otros lugares del país. Entre las inspecciones masivas más recientes se encuentra la de Puerto Boyacá, municipio en el que se recuperaron 30 de los 73 bienes, que corresponden al 41,09% de los inspeccionados. Esto representa un aproximado de 36 millones mensuales en cánones de arrendamiento. En acuerdos de pago se recuperó aproximadamente $84.134.719.Estos resultados son significativos para la monetización de los bienes, teniendo en cuenta que, antes de la visita, el Fondo solo contaba con 9 contratos de arrendamiento.
Con las inspecciones masivas e individuales, el FRV ha logrado monetizar un valor aproximado a 1.970 millones de pesos por concepto de acuerdos de pagos. Además, ha logrado percibir 486 millones de pesos mensuales gracias a las promesas de contratos y contratos suscritos, recursos que anteriormente no ingresaban al Fondo. Con estos esfuerzos, el Fondo consiguieron legalizar las situaciones irregulares de 357 inmuebles que sufrían de ocupaciones no autorizadas.
Asimismo, ha adelantado gestiones con diferentes alcaldías para la condonación total de los impuestos prediales y tasas ambientales, entre otras. Un caso de éxito en este sentido es el del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, donde se eximió de este pago a 16 inmuebles, por un valor que asciende a 248 millones de pesos.
Todos los esfuerzos se traducen a que, entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023, los recursos totales monetizados por parte del FRV ascienden a más de 28.600 millones de pesos. La cifra es diciente si se tiene en cuenta que durante los 10 años de la existencia del Fondo se había monetizado un poco más de 17.000 millones de pesos.
Todas estas acciones buscan administrar con más eficiencia los bienes del Fondo para cumplirles a las víctimas de Justicia y Paz y avanzar en el proceso de monetización destinado al pago de las indemnizaciones judiciales. Finalmente, garantizar un diálogo abierto sobre la vocación reparadora de los bienes y generar estrategias de incidencia para su administración, conforme a sus particularidades y ubicación.
