Han pasado 25 años desde que un atentado de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, Eln, contra un oleoducto trajo la muerte a Machuca en forma de ‘bolas de fuego’, como describen las y los sobrevivientes de las explosiones que mataron a 84 de sus familiares y causaron quemaduras severas a decenas de personas.
Como ocurre cada año que se recuerda la fecha de este suceso doloroso, conocido en este corregimiento de Segovia, Antioquia, como ‘la quema’, este 18 de octubre, volverán a reunirse para rendir memoria a sus seres queridos asesinados, pero no olvidados, con una eucaristía y una marcha al cementerio local donde están sepultadas más de 50 de las víctimas.
Con esta y otras actividades comunitarias se conmemora la tragedia que comenzó pasada la medianoche del 18 de octubre de 1998, cuando el ataque con explosivos contra el oleoducto causó un derrame de petróleo en el río Pocuné. Sus aguas, convertidas en llamas, alcanzaron las viviendas ubicadas en la ribera, acabaron con la vida de las personas que no alcanzaron a huir de sus casas y murieron calcinadas. Otras, se arrojaron al río, pero desaparecieron.
En esta conmemoración no solo recordarán a las víctimas, sino que volverán a pedir que una tragedia tan atroz como la que vivieron no se repita. También para reivindicar su resiliencia para resistir en este territorio y sobreponerse ante la violencia.
Para lograrlo, la Unidad para las Víctimas coordina dos planes de reparación colectiva. Uno a favor de la población campesina de Fraguas, Machuca, y el otro con las comunidades afrodescendientes de las veredas El Cristo, Mata, El Cenizo y zona urbana. El primero está en fase de implementación de las acciones reparadoras, mientras que el segundo está en diseño y formulación de medidas con enfoque diferencial étnico.
Rosalba Uribe, una de las “tejedoras” que participan de la estrategia de rehabilitación psicosocial ‘Entrelazando’, expresa: “Estamos reconstruyendo el tejido social que daño tanta violencia y fortaleciendo nuestra comunidad”.
Entre esas acciones están los actos simbólicos en el Cerro de la Cruz donde fue el atentado que causó la quema. “Allí sembramos árboles para que crezcan al pie de la cruz como símbolo de paz”.
Como parte de los duelos colectivos “también recorrimos los sitios donde ocurrieron los hechos victimizantes y en memoria de líderes asesinados, las masacres y los desplazamientos forzados que dejaron el corregimiento casi deshabitado en 2012”. También la dotación mobiliaria y tecnológica para un centro comunitario y juntas de acción comunal.
Por su parte, el líder campesino Jorge Eliécer Zapata reconoce que: “Como parte de la reparación pedimos la inversión social para proyectos productivos agrícolas, convertirnos en productores de arroz, plátano, yuca. También emprendimientos de mujeres, jóvenes y mejores servicios de salud y educación”.
Una reparación con enfoque diferencial étnico
La reparación colectiva también es una deuda pendiente con cerca de 1.000 habitantes de las comunidades afrocolombianas de las veredas El Cristo, Mata, El Cenizo y zona urbana de Machuca.
La presidenta del Consejo Comunitario de las comunidades afrocolombianas, Ana Rosa Córdoba Moreno, reitera la necesidad que: “Nos reconozcan como consejo comunitario porque los afros llevamos casi 100 años asentados aquí, fuimos fundadores y por la violencia muchas veces tuvimos que abandonar el territorio”.
Por eso, reitera que “necesitamos tierras y apoyo proyectos agrícolas, otras fuentes de empleos, porque el oro se acabó y mucha gente vive de barequear. También mejorar el centro de salud, la escuela, más oferta de educación y más inversión social porque tenemos la misma infraestructura que hace más de 20 años”.
La lideresa recuerda que, en los últimos 30 años, “quedamos en medio del conflicto entre guerrillas y paramilitares y otros grupos ilegales, que asesinaron y desaparecieron personas y varios líderes, nos desplazaron y confinaron”.
Otro líder de las comunidades negras, John Jairo Robledo, recordó que, además del atentado terrorista del ELN en 1998, “sufrimos homicidios, desplazamientos forzados, desapariciones, confinamientos, violencia sexual y otros daños por la disputa de los grupos armados”.
Por tal razón, explica que, en la formulación de las medidas de reparación, “priorizamos la compra de tierras para desarrollar proyectos productivos agropecuarios y conservación de nuestra identidad cultural”.
Asimismo, la recuperación de tradiciones como la medicina ancestral, gastronomía, los alabaos y la Fiesta de las Negritudes. También adecuación y dotación de casas de gobierno y canchas en las veredas, demarcación de sitios de memoria relacionados con el conflicto armado y la resistencia de sus habitantes.
El conflicto armado también impidió el progreso y alejó la inversión social. Es así como el corregimiento de Fraguas (Machuca), junto a las comunidades de El Aro y La Granja en Ituango, hacen parte de un plan piloto de reparación coordinado por la Unidad para las Víctimas.
“Se pretende es acercar la oferta del Estado y el propio Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas con un enfoque territorial que logre soluciones duraderas, articuladas y concertadas para suplir las necesidades y derechos de estas poblaciones”, indicó la directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo Avendaño.
En Segovia, la entidad ha invertido más de 20.400 millones de pesos para la reparación individual a más de 2.800 víctimas indemnizadas, ayuda humanitaria y obras comunitarias.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
