En el país, 3.707.111 víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad para las Víctimas, sufrieron un hecho victimizante siendo niñas y niños entre 0 y 17 años, según las edades descritas en la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Estas cifras evidencian la vulneración de los derechos a esta población por parte de los actores armados en el conflicto armado colombiano.
Estas cifras, que reúnen datos históricos del RUV, creado en el 2011 en el marco de la Ley 1448 o Ley de Víctimas, y son muestra del trabajo intenso de la Unidad para las Víctimas, se dan a conocer dentro de la conmemoración del Día Mundial del Niño, establecida por la Convención de los Derechos del Niño (1989) de Naciones Unidas,
La Unidad para las Víctimas sigue avanzando en la atención y reparación integral a niñas y niños, a través de la implementación de estrategias de recuperación emocional grupal como ‘Salta la cuerda’ y ‘Rotando la vida’, que contribuyen a la rehabilitación psicosocial y la resiliencia.
Según las cifras más recientes, con corte a 31 de octubre de 2023, en el RUV hay 1.912.788 niñas y niños, quienes sufrieron afectaciones en sus territorios. Si se analiza por periodo, se encuentra que, entre los años 2000 y 2007 fue el periodo en el que se presentó la mayor ocurrencia de hechos victimizantes contra esta población.
Si se evalúa por departamentos se encuentra que la mayor ocurrencia de los hechos victimizantes a niñas y niños han sido en Antioquia, con 681.665; seguido de Bolívar, con 269.134; Nariño, con 256.750; Valle del Cauca, con 254.188 y Chocó, con 237.717.
Con la implementación de las estrategias de reparación integral, y que incluyen las cinco medidas (indemnización, satisfacción, garantías de no repetición, restitución y rehabilitación), la Unidad para las Víctimas seguirá llevando medidas inspiradoras a todos los territorios para defender, promover y celebrar los derechos del niño.
En la Unidad para las víctimas cambiamos para servir”, con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
