A la doble jornada de reparación más grande de este año en Antioquia, que convocó la Unidad para las Víctimas este jueves y viernes en Medellín, llegaron 1.107 víctimas del conflicto armado para ser indemnizadas por los múltiples delitos perpetrados por grupos guerrilleros, autodefensas y bandas criminales.
La mayoría sufrieron el desarraigo y las pérdidas tras sufrir desplazamientos forzados. Y otros porque sus familiares fueron asesinados, desaparecidos o ellos mismos sobrevivieron a secuestros, torturas, lesiones que causaron discapacidad y delitos sexuales.
Como reconocimiento a su resiliencia y compensación para superar la vulnerabilidad que causó la violencia participaron en un acto de dignificación en Medellín, donde la Unidad para las Víctimas les notificó el pago de las indemnizaciones administrativas.
En la jornada de este viernes, frente a centenares de víctimas citadas en el punto de atención de Belencito, la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, entregó la primera de las 965 indemnizaciones y leyó la carta de dignificación para “reconocer su resiliencia” a una mujer desplazada. Ella respondió con un abrazo y la promesa de “invertir bien esta reparación para fortalecer mi proyecto productivo”
La funcionaria señaló que durante septiembre y la actual primera semana de octubre, “la Unidad para las Víctimas coordinó más de 20 jornadas para indemnizar a 3.247 víctimas en Antioquia por casi 60.000 millones de pesos como medida de reparación individual”.
Al tiempo, destacó que Antioquia es el departamento con mayor registro de víctimas (1.555.382) y, en consecuencia, el más beneficiado con la inversión para su reparación. “Este año llevamos más de 16.000 indemnizaciones entregadas a la población afectada por el conflicto armado, con una orientación a una inversión adecuada de estos dineros”. La inversión asciende a casi 205.000 millones de pesos.
Informó que fue presentada “una propuesta al Congreso para buscar nuevas fuentes de financiación para avanzar con la medida de indemnizaciones”, al tiempo que reiteró que el actual gobierno aumentó la meta en el Plan de Desarrollo para indemnizar a 600.000 víctimas durante el actual cuatrienio”. La más alta en los 12 años de vigencia de la Ley 1448.
Johnny Navarro es uno de los beneficiarios. Hace 23 años fue desplazado por la guerrilla de la subregión del Magdalena Medio y llegó a Medellín “a comenzar de cero, como morir y volver a nacer en un territorio donde llegas como extraño a luchar a diario por la comida, por un techo y salir adelante”.
Tras acudir a un punto de atención a víctimas estudió una tecnología en el Sena y, producto de eso, inició un negocio de artículos de aseo. Ahora, tras recibir la indemnización reparadora, se declara “feliz, porque voy a invertir este dinero en mi emprendimiento, fortalecerlo con maquinaria. Es un proyecto de vida que he sacado con mucho esfuerzo”.
Se beneficiaron campesinos, indígenas, afrocolombianos, además de personas priorizadas por las rutas de reparación que sufrieron hechos victimizantes como homicidios y desaparición forzada de familiares, secuestros, lesiones personales, desplazamientos forzados y delitos sexuales. Ente ellos personas mayores de 68 años, con enfermedades catastróficas y discapacidades.
En la jornada, entidades como el Sena, Colpensiones, el Banco Agrario y la Alcaldía de Medellín dieron a conocer su oferta en temas de vivienda, educación superior, ahorro, pensiones, emprendimientos para la generación de ingresos.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
