En el año 2001, los hermanos Luis y Leonardo Caisales Dogenesama se vieron afectados tras el lanzamiento de una granada a ambos por parte del Ejército Nacional, uno de ellos (Luis) murió por causa de la acción cometida en su contra. Leonardo sigue con vida, pero fue privado de la libertad durante un año y además sufrió lesiones personales.
Un hecho que nunca debió haber sucedido y del cual hoy, 23 años después, la familia aún se encuentra tramitando el dolor, más si se tiene en cuenta la estigmatización que se les hizo a los hermanos, como pertenecientes a grupos armados al margen de la ley, argumento que sería totalmente desmentido con el paso del tiempo.
Debido a esta situación el Estado colombiano y la familia Caisales propiciaron un acuerdo de solución amistosa, en el que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado entró en acción para lograr acuerdos con los abogados defensores mediante los cuales la familia accederá a una reparación integral.
Durante la reunión de alistamiento, que se realizó en la comunidad de Santa Rita, se estableció la relación entre el daño y el efecto reparador del reconocimiento de responsabilidades para la familia Caisales y los integrantes de la comunidad Emberá Chamí de Santa Cecilia en Pueblo Rico, Risaralda.
De igual manera, se socializaron los avances del proceso, se delimitó el acompañamiento y el alcance del reconocimiento de responsabilidades por parte del Estado Colombiano, a través de la Unidad para las Víctimas.
Así las cosas, el Estado llegó a un arreglo con la familia más inmediata de las víctimas: padres, hermanos, cónyuges e hijos y, de forma inicial, se plantearon cinco medidas de reparación.
La primera medida consiste en un acto de reconocimiento de responsabilidades, que se realizará en la primera semana de octubre de 2023. Este acto girará en torno a los daños provocados a la familia y a la comunidad ancestral, por los hechos acontecidos sobre Luis y Leonardo Caisales.
En segundo lugar, el otorgamiento de 8 becas universitarias, que incluyen un auxilio de sostenimiento, para que los integrantes de la familia Caisales estudien la carrera de su preferencia, medida que se concretará a través del Ministerio de Educación.
En tercer lugar, se concertó un proyecto de fortalecimiento de artesanías y collares emberás a través de Artesanías de Colombia, programa que se desarrollará en un lapso de 14 meses.
Asimismo, se indemnizará por los daños morales y materiales a 18 familiares de la familia Caisales que involucran: papá, mamá, hermanos y hermanas esposa e hijos de Luis y Leonardo. Esta medida deberá contar con el visto bueno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo cual depende de los avances que se tengan con la familia en materia reparativa. Y, por último, se contempla una medida de cuidado en salud y atención psicosocial, para la recuperación emocional de la familia Caisales.
El Estado, a través de la Unidad para las Víctimas, y otras entidades gubernamentales seguirá trabajando por lograr una reparación integral a esta familia de la comunidad de Santa Rita, en Pueblo Rico, Risaralda.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
