En un trabajo de coordinación y acompañamiento institucional, la Unidad para las Víctimas llegó a atender la comunidad afro de Cañaveral, en el municipio de Sipí, en Chocó.
Gracias a la articulación interinstitucional, se logró generar un espacio de diálogo y escucha que les permitió a las comunidades asistentes exponer la situación que viven a diario por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados en esta zona del río San Juan, que los mantiene confinados.
En la jornada, que estuvo liderada por la Unidad para las Víctimas, se hicieron presentes delegados del Ministerio del Interior, UNP, la alcaldía de Sipí, la Defensoría del Pueblo, el ICBF, la Diócesis de Istmina-Tadó y la comunidad internacional con OCHA, MAPP-OEA, ACNUR, las organizaciones étnico-territoriales, el Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN), el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH) y la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas del Chocó.
Durante este espacio, la Unidad para las Víctimas realizó una jornada de atención a la comunidad, en la que se atendieron 54 víctimas, en su mayoría con requerimientos de trámites de indemnización y ayuda humanitaria. Algo muy importante es que se llevó atención humanitaria por la ruta del confinamiento a 572 familias afros de todo el municipio, a quienes se les entregaron kits alimentarios y de aseo.
Para la directora territorial del Chocó de la Unidad para las Víctimas, María Fernanda Ángulo Amórtegui, la jornada tuvo un balance positivo, porque fue un primer espacio de trabajar con la institucionallidad, ir a las comunidades y escucharlas, además expresó: “Así, buscamos mejorar la ruta de atención al confinamiento, que es una bandera del ‘Gobierno del cambio’ y de los ejercicios que se están planteando para realizar los cambios progresivos y facilitar los procesos que realizan o acceden las víctimas en el país”.
Presencia y articulación institucional
Fue efectivo el acercamiento a las diferentes instituciones que aceptaron su participación en este evento que tenía como objetivo sumar esfuerzos para crear un espacio de diálogo y escucha para así fortalecer la confianza de la población víctima de las comunidades afros confinadas del municipio de Sipí con la institucionalidad, una acción articulada que permitió esta juntanza que tiene como reto darle continuidad y respuestas a lo solicitado por las comunidades.
“Trabajamos de manera articulada con ACADESAN, con las diferentes organizaciones étnicas, con la UARIV y diferentes instituciones, desde el Equipo Local de Coordinación (ELC), promovemos la coordinación y acompañamos las respuestas a las emergencias humanitarias, visibilizamos la situación y siempre tratamos de estar cerca de las comunidades para ser esa voz de ustedes, cuando no logran ser escuchados”, manifestó la jefe de la Suboficina de OCHA y líder humanitaria para el Chocó, Marcela Cadena.
La resistencia en medio de la incertidumbre por el conflicto armado
Representantes de las comunidades afros de Loma de Chupey, Teatino, Las Brisas y San Agustín, llegaron hasta Cañaveral, comunidad de 240 habitantes aproximadamente, cifra que poco a poco ha disminuido a raíz del desplazamiento y el confinamiento que se vive en esta zona, desde el 2022.
“No esperé una visita de estas, tantas entidades en una sola actividad, basado en las dinámicas que estamos viviendo desde hace dos años, a lo largo y ancho del colectivo de ACADESAN, en esta situación de orden público, donde nosotros, de los 365 días del año, 300 estamos en confinamiento y los 65 estamos en paro, es un confinamiento total en las comunidades”, señaló el representante legal del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), Felipe Nery Martínez.
Por su parte, el fiscal del Consejo Comunitario Local de Cañaveral, Milton Dávila Murillo, relata que: “A uno le da tristeza (sus ojos no pueden contener las lágrimas, llora, y limpia sus ojos) Muchos de nosotros queremos seguir viviendo en nuestro territorio, nos han obligado a irnos de cierta manera, pero estamos resistiendo. No sabemos hasta cuándo aguantemos…”
La población expresó el gran temor que padecen a diario por vivir medio del conflicto armado, la movilidad que realizaban libremente en torno a sus actividades del campo está anulada. A lo largo de este espacio, se escucharon frases muy comunes como “estamos presos en nuestra propia tierra”; “tememos por nuestras vidas”; “tenemos hambre”, a lo que solicitaron, intervenciones urgentes para tratar las múltiples problemáticas que enfrentan las comunidades.
Dávila expresó: “Nosotros hoy estamos muy marginados y hacemos una súplica a los actores que puedan intervenir en esta situación para que de alguna manera nos traigan paz y tranquilidad al territorio. Queremos no solamente que las cosas se hablen, sino que se materialicen. Nosotros hoy perdimos todos nuestros cultivos… Por eso, hoy estamos viviendo prácticamente de las pocas ayudas que las entidades logran traernos al territorio, pero sabemos que eso no es suficiente para llevar una vida digna”.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
