Acciones que buscaron mitigar las huellas que dejó el conflicto armado en la población víctima y la implementación de procesos para aportar a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, fueron las principales apuestas de la Unidad para las Víctimas en la dirección territorial de Nariño durante 2023, un año en que se presentaron 34.733 hechos victimizantes en el departamento.
El desplazamiento forzado se convirtió en el hecho victimizante con mayor ocurrencia en Nariño. En esta región del suroccidente del país, este evento está asociado a distintos factores como las disputas entre actores armados ilegales por el control de las economías ilegales, amenazas y vulneraciones contra la población civil.
Con el objetivo de realizar la atención integral y oportuna a las comunidades afectadas, desde la Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias se brindó apoyo a las entidades territoriales en subsidiariedad, atendiendo a 1.210 familias que recibieron ayudas monetarias, transferencias bancarias por un monto de superior a los 2064 millones de pesos ($2.064.626.000). También se realizó la entrega de kits de ayuda humanitaria inmediata en especie a 8.268 familias desplazadas, con un monto de inversión de más de 9.000 millones de pesos ($9.098.457.367), logrando incidir en la población de 19 municipios en confinamiento y desplazamiento.
De igual manera, la Dirección de Asuntos Étnicos, realizó el fortalecimiento a las emergencias especiales en la comunidad de Pulbuza-La Vega y Pueblo Nuevo, en el municipio de El Charco, por un valor de 35 millones de pesos y en Barbacoas, a las comunidades de Nunalbi Alto Ulbi, también por un valor de 35 millones de pesos, a través de dotación del proyecto de soberanía alimentaria y generación de ingresos.
Cumpliendo con la misionalidad de la entidad, desde los equipos psicosocial y de contribuciones se ejecutaron estrategias para atender las múltiples afectaciones causadas por el conflicto. Así se logró la atención de 1.000 personas y la implementación de un piloto de la estrategia “proyectándonos”, que busca prevenir el reclutamiento armado en el departamento. Para este proyecto se focalizaron seis municipios de la costa Pacífica: Barbacoas, El Charco, Francisco Pizarro, Tumaco, Roberto Payán y Mosquera.
Por otro lado, en el marco de la estrategia de corresponsabilidad se entregó dotación mobiliaria escolar a 12 municipios, por un valor mayo a 726 millones de pesos ($726.571.915). Además, siete proyectos entregados por la Subdirección de Prevención y Atención a Emergencias (SPAE) y siete proyectos por parte de la Subdirección de Retornos y Reubicaciones.
Se entregó también una dotación mobiliaria escolar por un valor de 264.108.447 pesos al Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, y se entregó un camión tipo furgón al Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera que está avaluado en 190.802.220 pesos, cumpliendo con esto las medidas establecidas en los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) de estas comunidades.
Además, se logró la protocolización de dos PIRC en los municipios de Cumbal y del Tablón de Gómez, logrando establecer las medidas de reparación con los resguardos indígenas Inga de Aponte, por un valor de 4.455.000.000 de pesos, y Mayasquer, por un valor de 4.400.000.000 de pesos, para un periodo de ejecución de tres años.
Finalmente, durante este año de gestión en Nariño se entregaron indemnizaciones administrativas por un valor de 114.640.560.880 pesos correspondientes a 13.109 cartas, por ruta general, prioritaria y transitoria. Es así como la Unidad para las Víctimas trabajó en esta zona del país de manera eficiente y articulada con otras entidades para lograr la reivindicación de los derechos de las personas afectadas por el conflicto armado, destacando el apoyo de cooperación internacional en los procesos de acompañamiento y fortalecimiento en los territorios.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
