A diez años de la promulgación de la Ley 1448 de 2011, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Dirección Territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio presentó un balance de la implementación de la misma en los municipios de esta jurisdicción.
Esta dirección territorial tiene connotación especial debido a que trabaja con municipios de cuatro departamentos de esta región: Yondó, Puerto Nare y Puerto Berrío (Antioquia); González, Río de Oro y San Alberto (Cesar); Arenal, Cantagallo, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití, Morales, Regidor, Río Viejo y Norosí (Bolívar), y Puerto Wilches, Puerto Parra, Cimitarra, Landázuri, Sanaba de Torres y el distrito especial de Barrancabermeja (Santander).
“Estos avances son el reflejo de un equipo que trabaja comprometido por la reparación integral de las víctimas en esta región del Magdalena Medio donde el conflicto del país se vivió muy fuertemente, por ello nuestro compromiso es seguir implementando acciones que conlleven a contribuir a la reparación de los sobrevivientes de esta zona del país” expresó Amparo Chicué Cristancho, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en el Magdalena Medio.
Este es el reporte en los diferentes aspectos:
Porcentaje de la población
El 27,7% de la población localizada en la jurisdicción de la Dirección Territorial es Víctima.
Presencia territorial
La Unidad cuenta con atención presencial en 11 lugares de esta jurisdicción, de la siguiente forma 10 puntos de atención (San Pablo, Simití, Santa Rosa del Sur, Arenal, Morales, Río Viejo, Norosi, Puerto Wilches, Cimitarra y Puerto Berrío) y adicionalmente un Centro Regional para atender a las víctimas, ubicado estratégicamente en Barrancabermeja como eje central de esta región del país.
Finalmente, y pese a la pandemia, se logró atender 93.900 solicitudes y 29.226 personas se atendieron en estos espacios.
En lo que respecta a jornadas de atención se recepcionó 47.200 solicitudes y se logró llegar a 22.500 personas.
Víctimas individuales
En este reporte 170.902 personas son víctimas, de las cuales 151.981 son sujetos de atención o reparación, lo que significa que cumplen con los requisitos para acceder a las medidas establecidas en la Ley.
Reparación administrativa individual
En materia de reparación individual se ha indemnizado a 7.815 personas, realizando una inversión de 66.268 millones de pesos con el objetivo de mejorar los proyectos de vida de las víctimas.
Sujetos colectivos
En esta región la Unidad ha implementado la asistencia técnica y el acompañamiento a 10 comunidades, organizaciones y grupos que están incluidas en el Registro Único de Víctimas como sujetos de reparación colectiva.
Reparación Colectiva
En el rango de este balance se ha reparado administrativamente un sujeto colectivo. Además, se implementan 29 acciones reparadoras con una inversión de 99 millones de pesos en 3 sujetos; se desarrolló la medida de rehabilitación comunitaria con 3 colectivos; se elaboró 1 plan de reparación colectiva; y se construyó un documento de diagnóstico o caracterización del daño.
Retornos y Reubicaciones
De igual forma, se han desarrollado iniciativas dirigidas al arraigo, la integración local y la generación de ingresos con 53 comunidades y 419 hogares, con una inversión de 4.707 millones; 81 hogares apoyados en el transporte de enseres por 105 millones; 995 hogares con apoyo para la sostenibilidad de su proceso por 455 millones; y estrategia Tejiéndonos con ocho comunidades distribuidas así: San Miguel del Tigre (Yondó); Boca de la Honda (Morales); Ánimas Altas, Sinaí y Brisas de Mendoza (Simití) y Guarigua, Cañabraval y Canaletal (San Pablo).
Adicionalmente se ha acompañado a 14 municipios en la aprobación de la formulación y actualización de los planes de retornos y reubicaciones de 96 comunidades y se acompañan en este momento seis municipios más en la fase de formulación con 37 comunidades, para un total de 20 municipios con 133 comunidades.
Medidas de rehabilitación y satisfacción
La entidad ha garantizado el acceso de 3.512 víctimas a la medida de rehabilitación con el cierre de la misma medida con tres sujetos de reparación colectiva que son Las Parcelaciones Los Cedros, La Carolina y la Paz, del municipio de San Alberto, y la implementación de la estrategia entrelazando con el SRC CREDHOS y finalmente también se ha garantizado el acceso a 4.291 víctimas a medidas de Satisfacción.
Prevención: proyectos de infraestructura
Desde esta importante área se han apoyado 10 proyectos de infraestructura social y comunitaria con lo que respecta a dotación mobiliaria y entrega de materiales para construcción, con una inversión de 1.298 millones de pesos, en 7 municipios de esta región.
Prevención: proyectos agropecuarios
Con el suministro de insumos y herramientas agropecuarias, se ha logrado el apoyo de 3 proyectos en los municipios de Santa Rosa del Sur, San Pablo y Morales con una inversión de 245 millones de pesos.
Ayuda humanitaria Inmediata
En cumplimiento de los principios que contiene la ley con relación a la subsidiariedad, concurrencia y complementariedad se entregó ayuda humanitaria en dinero y en especie por 158 millones de pesos a más de 139 hogares.
Atención humanitaria
En este aspecto la Unidad, en el Magdalena Medio, ha atendido a hogares víctimas de desplazamiento forzado con 28.294 giros de atención humanitaria en las etapas de emergencia o transición por 16.263 millones de pesos.
Avance SSV (acumulado)
A la fecha, 63.342 personas han superado la situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento forzado.
Otras acciones específicas:
Desde el Grupo de Enfoque Psicosocial desde el 2018 a la fecha se han atendido más de 5.000 sobrevivientes desde diferentes estrategias de acompañamiento psicosocial buscando dar cumplimiento a las medidas de reparación: rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición a los diversos grupos diferenciales como son Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), mujeres, personas mayores y población LGTBI.
“Damos a conocer el balance de la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras en el Magdalena Medio, a una década de su promulgación, resaltando que es fundamental continuar con las acciones que nos permitan cumplir a las víctimas con sus requerimientos y necesidades principales, teniendo en cuenta que son ellas nuestra razón de ser”, concluyó Amparo Chicué.
(Fin/JARN/CMC/COG)
