Por su ubicación geográfica, Simacota (Santander), fue corredor de influencia de grupos al margen de la ley desde 1965, con agudización en los años 90 y 2000 por la confrontación guerrillera y paramilitar, ocasionando, entre otras afectaciones, restricciones a la movilidad, vulneración al derecho de la seguridad, impedimento a la realización de prácticas sociales, económicas, culturales, presencia de minas en el territorio, masacres y desplazamientos.
La Unidad para las Víctimas reconoció a Simacota Sector Alto, como una de las comunidades sujeto de reparación colectiva, el 12 de abril de 2013, por esas afectaciones sufridas en el marco del conflicto armado.
Este colectivo pertenece al municipio de Simacota, ubicado a una distancia aproximada de tres horas y media, por tierra, desde Bucaramanga. Gran parte de su extenso territorio lo ocupa el Parque Reserva Natural de los Yariguíes, rodeado por medianas y pequeñas parcelas, en las que se producen café, caña de azúcar, yuca, plátano, legumbres y frutales.
El plan, que involucró directamente a la mayoría de los habitantes de Sector Alto, entre ellos un grupo de líderes denominados tejedores y un comité de impulso, además de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas (SNARIV), inició con el proceso de identificación, alistamiento, diagnóstico o caracterización de los daños ocurridos, y culminó con la formulación e implementación del Plan Integral de Reparación colectiva el 1 de diciembre de 2019, con la puesta en marcha de un total de 41 acciones reparadoras, que contribuyeron a resarcir daños colectivos a los que fueron sometidos en el pasado.
Nubia Sther López, madre de familia, representante de la mesa de víctimas del municipio e integrante del comité de impulso, dijo que en Simacota “no nos conocíamos entre familias, ese tejido social se había roto y con el apoyo de la Unidad logramos restituir la confianza, cada día se unían más personas, no creíamos en las entidades, pero con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que la Unidad para las Víctimas solo querían ayudarnos”.
“Logramos que el Ministerio del Trabajo y el PNUD nos ayudaran a aterrizar ese sueño comunitario que era la construcción del centro de acopio. No tengo palabras como agradecer a la Unidad todo lo que hizo en Simacota”, agregó.
Dentro de las acciones en territorio, la Unidad entregó insumos y herramientas agrícolas, con el fin de contribuir al programa de seguridad alimentaria de la comunidad, se otorgaron 30 unidades productivas por valor cercano a los $185 millones, para fomento del emprendimiento y la generación de ingresos.
De igual forma, se implementó la aplicación móvil para el mejoramiento de calidad, producción y venta de productos agrícolas. A la par, se ejecutó el programa de formación vocacional, para la generación de ingresos, procesos agroindustriales, asociatividad para integrante de la comunidad en convenio con el Sena.
Por otro lado, fueron entregados elementos y equipos tecnológicos, mobiliario escolar y mobiliario de cocina, así como inversión en conectividad a las sedes educativas María Auxiliadora, La Llanita y Santa Ana de Flores; también se realizaron mejoras en la infraestructura del puesto de salud, y los escenarios deportivos.
Medidas de satisfacción y garantías de no repetición
Entre las medidas de satisfacción, se realizaron actos simbólicos para la recuperación del buen nombre, la dignidad, evitar estigmatización y honrar la memoria de las víctimas; se dotó a la escuela con instrumentos musicales y se trabajó en la reconstrucción de memoria histórica a través de material pedagógico, y se ejecutó además la indemnización de manera individual a víctimas reconocidas por la Unidad, en el periodo comprendido entre 2015 y 2017.
A la par, se desarrollaron estrategias de recuperación emocional a población de distintas edades, así como brigadas de salud integral.
Dentro de las garantías de no repetición, se implementaron, las jornadas de prevención del reclutamiento forzado, de atención y orientación por parte de la Unidad para las Víctimas, la expedición de libretas militares, la presencia de fuerza pública y la formación de líderes a través del apoyo interinstitucional.
En el caso de Santander, este es el cuarto sujeto que se cierra, en cumplimiento de la Ley 1448 y como una contribución al mejoramiento de las condiciones de vida y convivencia de la población sobreviviente del conflicto.
(Fin/YUM/CMC/LMY)
