La Unidad para las Víctimas evalúa cada caso de manera individual y determina si la víctima cumple con los requisitos para acceder a la indemnización administrativa. Si se determina que la víctima tiene derecho a la compensación, se realiza un proceso de solicitud y verificación de los daños sufridos. Una vez aprobada, se establece el monto de la indemnización de acuerdo con la gravedad de los daños y el impacto sufrido por la víctima. 

 Es importante destacar que la indemnización administrativa es solo uno de los componentes de la reparación integral a las víctimas. Además de la compensación económica, se busca ofrecer medidas de rehabilitación, atención psicosocial, restitución de tierras, satisfacción de los derechos y garantías de no repetición. Todo esto con el objetivo de contribuir a la reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas y promover su reintegración en la sociedad.