Con indemnizaciones administrativas y judiciales por un valor de 17.624 millones de pesos, que recibirán durante el mes de marzo, 1.021 víctimas en Antioquia podrán mejorar sus condiciones de vida e invertir en sus proyectos como medida de su reparación.
Las jornadas de notificación de estos pagos se iniciaron en Medellín con 320 personas afectadas por múltiples delitos perpetrados por guerrillas y grupos de autodefensas. Entre ellas, las indemnizadas en cumplimiento de sentencias de tribunales de Ley de Justicia y Paz con dineros recaudados por la monetización de bienes administrados por el Fondo de Reparación a las Víctimas.
En su mayoría, la población reparada con estos dineros son desplazados y familiares de personas asesinadas o desaparecidas. También, personas que sufrieron secuestros, lesiones personales, despojo de tierras y violencia sexual.
Una de ellas es Adriana* que reconoce la pérdida irreparable por el asesinato de su padre y un hermano de 14 años, no pudo contener las lágrimas.Allí recordó que, hace 22 años, sus familiares: “Ellos eran campesinos y trabajaban en una finca en Tarazá cuando llegó un grupo paramilitar y a mi padre lo mataron a tiros. Y mi hermano lo fue auxiliar, pero lo mataron también y lo picaron en pedacitos”.
Adriana quiere hacer una inversión adecuada de la indemnización que “no sea solo recibir ese dinerito como una deuda que se pagó, sino algo simbólico que nos pueda servir a todos en memoria de esos seres muy queridos y que quede algo para el futuro”.
Inversión reparadora
La directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo Avendaño, informó que “estas indemnizaciones administrativas y judiciales pretenden fortalecer los proyectos de esta población, que puedan superar la vulnerabilidad que causó el conflicto armado”.
En total, la entidad ha pagado más de 1.580.000 de estas compensaciones económicas a víctimas en Colombia. De estas, cerca de 345.000 en Antioquia.
*Nombre cambiado
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
