Con el objetivo de contribuir a la paz y la reconciliación en Colombia, avanzan los diálogos preparatorios entre las víctimas del conflicto del caso 001 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y firmantes del Acuerdo de Paz en Vélez, Santander, para lograr adelantar un acto de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón a las víctimas por las graves privaciones de la libertad cometidas por el antiguo Bloque Magdalena Medio de las FARC-EP.
Este segundo encuentro entre las víctimas, que fueron secuestradas en medio del ejercicio político, y las extintas FARC-EP en la Casa de la Cultura de Vélez, fue realizado por la Organización de Estados Iberoamericanos, con la participación de la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz y la Unidad para las Víctimas.
Javier Peña, director de la territorial Santander de la Unidad para las Víctimas, ratificó el compromiso institucional con la búsqueda de la Paz Total y el acompañamiento para transformar y empoderar a las víctimas: “Reconocemos en ustedes la fortaleza y el poder transformador para soportar y haber salido adelante en estas situaciones. Cuenten con la Unidad para las Víctimas, esperamos seguir estando vinculados a estos procesos de reconciliación y reconocimiento de la verdad”.
El espacio se marcó por la escucha y los acuerdos comunes donde las víctimas reconocen la disposición de los firmantes del Acuerdo de Paz y su rol político en el Congreso para incidir en un proceso de reparación colectiva en beneficio de la provincia de Vélez. De igual forma, los responsables reconocen en las víctimas su sentir y capacidades para transformar su territorio y esperan lograr acuerdos en este proceso.
Entre las seis víctimas acreditadas por el caso 01 de la JEP, Juana Yolanda Bazán fue secuestrada en 1998 por las FARC-EP, siendo diputada de Santander, en el marco de la campaña política a la Cámara de Representantes en la Ciénaga del Opón, un corregimiento de Barrancabermeja. Juana Yolanda recuerda que pasó una gran parte de su retención en la Serranía de San Lucas y que fue muy difícil. “Lo afecta a una física, emocional y espiritualmente. Yo sentí mucho temor, pensé que iba a morir, regresé bastante enferma (…) Mi grupo político también se vio bastante afectado porque estas acciones generaban intranquilidad en la comunidad”, dijo.
Las víctimas avanzan en estos espacios con los firmantes del Acuerdo en los mínimos para que el acto de reconocimiento y perdón vaya más allá de un mea culpa y se traduzca en un espacio reparador que ayude a la comunidad y al territorio a sanar, objetivo común que se trazó desde el primer encuentro realizado en Bucaramanga en el mes de febrero de 2023 en compañía de la JEP y representantes del sector público.
“Esperábamos que se diera el momento de saber por qué se dieron las cosas”, afirma Juana Yolanda Bazán, única mujer víctima reconocida en el caso. “En la medida en que los firmantes del acuerdo de paz tengan un acercamiento con las víctimas para el perdón, tratando de mirar cómo ese espacio de encuentro puede servir para ayudar a la comunidad al entorno y al sector donde se cometieron estos actos de retención”, concluye.
Durante el encuentro, Rodrigo Londoño, senador por el partido Comunes, entregó a cada una de las víctimas y las entidades participantes el libro ‘Relatos de un futuro imaginado’, una obra que recopila historias de firmantes de paz y sobrevivientes del conflicto armado, que actualmente son integrantes de la Fundación Revipaz. Edgar Gordillo Medina, ex alcalde de Chipatá, recibió el libro y dijo: “este es un gesto para entender entre las partes los hechos que sucedieron en la guerra”.
En visión de los firmantes del Acuerdo de Paz, este proceso busca que los ciudadanos perciban al Estado como garante de derechos en el territorio y el diálogo como canal para resolver desavenencias sin recurrir a la violencia, estigmatización ni polarización. Pastor Alape, quien era jefe del Bloque Magdalena Medio de las FARC-EP, subraya que la brújula de este proceso es la implementación integral del Acuerdo de Paz que permita “dignificar a las víctimas reparar el territorio y reconstruir el tejido social agrario y campesino”.
Este será el segundo reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón a las Víctimas en la provincia de Vélez en Santander por parte de exmiembros de FARC-EP. El primero fue el acto de reconocimiento del asesinato del Padre José Antonio Beltrán en la vereda Cuchunchal, corregimiento de San Ignacio del Opón.
Jairo Reinaldo Cala, representante a la Cámara por Santander y firmante del Acuerdo de Paz, afirma que de este primer acto quedó el compromiso de gestión para estos territorios en materia de vías, educación, salud, recuperación y protección ambiental. En este encuentro Cala informó que se logró incluir en el plan plurianual la pavimentación de la vereda Gualilos – Santa Helena del Opón, la terminación de la Troncal del Carare, la pavimentación de la vía Cimitarra – La India y, añadió, “no concebimos el proceso de paz sin que haya un proceso de verdad, justicia, reparación y que se establezcan unas medidas efectivas para la no repetición”.
“Estamos aquí para escuchar sus realidades, atender sus necesidades”, concluyó el director territorial Santander de la Unidad para las Víctimas, Javier Peña.
Resaltar el poder transformador de las víctimas del conflicto armado es una de las apuestas más importantes de la Unidad para las Víctimas. Seguimos trabajando para dignificarlas y reconocer su capacidad de cambiar las condiciones de vida de sus familias, comunidades y territorios; son las víctimas del conflicto armado quienes hoy deben tener la palabra, pues son quienes han dado segundas oportunidades y son el referente ético y moral para guiar al país hacia la Paz Total.
