“No pasaron a dejar agua”, dijeron con alivio las y los anfitriones que venían a recibir al equipo de la Unidad para las Víctimas, mientras veían los botellones de agua que descansaban en el suelo. Eran parte del equipaje descargado luego de que el avión Caravan aterrizara en una tosca pista rodeada de exuberante vegetación y un sol que a plena mañana brillaba abrasador sobre La Chorrera, un área no municipalizada del Amazonas, al que solo se puede llegar vía aérea o fluvial. Algunos, a quienes les habían advertido de la escasez de agua, lo habían comprado en San José del Guaviare, desde donde había despegado el avión.
La Unidad para las Víctimas llegó al territorio para participar en la VIII Mesa Protocolo de Participación Indígena del Amazonas ‘Palabra de Vida’ y la Mesa de Seguimiento de los 16 Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) del departamento. En la pista de aterrizaje no se veía, de un lado, más que una pequeña casa de madera, que funciona como aeropuerto, y del otro lado, unas cabañas en las que las personas aguardan su turno para abordar el avión de turno. Para llegar al casco urbano se dispone de una carretera que, a pesar no estar pavimentada, se puede recorrer fácilmente en motocicleta.
La Chorrera, el pequeño paraíso con un pasado lacerante
Un letrero con el nombre de La Chorrera recibía a sus visitantes y más adelante se debía cruzar un puente con vigas de acero y suelo de madera bajo el cual el agua corría agresivamente sobre desniveles rocosos. Atrás se imponía un cielo despejado e interrumpido en el horizonte por montañas que, a su vez, eran divididas por el río Igaraparaná. En un extremo resaltaban entre las palmas algunas viviendas, mientras que el otro no dejaba de ser señalado por uno de los conductores mientras decía: “Allá está la Casa Arana, la Casa Arana”. Es un lugar de profundo valor histórico para las y los indígenas que aún guardan la memoria de lo que sucedió.
La Casa Arana fue el epicentro de la bonanza cauchera en la Amazonía, específicamente a fines del siglo XIX y principios del XX. Fue propiedad de Julio César Arana y Benjamín Larragaña. El lugar es un recordatorio lacerante de cómo las comunidades indígenas fueron sometidas a situaciones inhumanas por la explotación del caucho. Hubo abusos, violencia y explotación extrema que resultaron en la muerte de miles de nativos debido a condiciones laborales precarias, enfermedades y maltrato. Fue un etnocidio que provocó una devastación cultural y demográfica, con registros históricos de cerca de 40.000 indígenas asesinados en tan solo 10 años, según el Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).
Tras ser restaurada, la Casa Arana empezó a funcionar como un museo, donde, no solo mantienen viva la memoria histórica, sino que, además, sus visitantes también pueden conocer lo que pasó para que no se vuelva a repetir.
Pero el etnocidio de la Casa Arana no fue la única tragedia que sufrieron las comunidades indígenas. La Iglesia Católica también les provocó daño, iniciando un proceso evangelizador que se consolidó tras la delimitación de las zonas de frontera, logrando la prevalencia del Concordato suscrito entre la Santa Sede y el Estado colombiano en 1887, dejando la educación de las comunidades indígenas en manos de esta organización religiosa. Luego, hacia 1935 se instalaron internados para niños y niñas en los territorios indígenas, en los cuales no se permitía el habla de su lengua materna, ni cualquier tipo de expresión cultural propia.
Con los internados, también llegó la imposición de nombres, apellidos y matrimonios entre los indígenas, lo que perturbó, entre otros elementos característicos de las pautas culturales de las comunidades indígenas, la transmisión de los conocimientos autóctonos y los sistemas de relacionamiento y parentesco.
Actualmente, la pérdida cultural sigue dándose, pero por la influencia de la modernidad sobre las nuevas generaciones. “El nuevo pensamiento de lo que conocemos como el ‘hombre blanco’ se ha sumergido hoy en nuestra niñez y juventud y eso ha hecho que nuestros conocimientos queden en segundo plano. Además, con el conflicto armado, muchos se han desplazado a ciudades como Leticia, Bogotá y otros lados”, señaló Ayde Aga, de la Comisión Técnica Indígena de Víctimas.
Además, la violencia siguió perpetuándose en el territorio. Tras la bonanza del caucho, llegó la de cocaína, y, con esta arribaron a los territorios grupos armados -en su mayoría integrantes de las extintas Farc- así como colonos interesados en lucrarse del negocio. La llegada de los actores armados implicó la imposición de pautas de comportamiento y el uso indiscriminado de los territorios ancestrales para actividades relacionadas con los cultivos de uso ilícito de coca, laboratorios de procesamiento y rutas de embarque de la mercancía.
Las Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas Amazónicas (AATIS), formas organizativas para avanzar en la reparación colectiva
Al llegar a La Chorrera, el equipo de la Unidad para las Víctimas se dirigió a la maloca una vez cayó la noche, para participar en la armonización dirigida por el ‘abuelo’ Manuel Alejandro Joinama y el presidente de la Asociación Zonal Indígenas de Cabildos y Autoridades Tradicionales de La Chorrera, Amazonas (Azicatch), Ángel Ceriyatofe. Con mambe, ambil y tabaco, cada uno de las y los delegados de los Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) realizaron una breve presentación.
El Amazonas, según los gobiernos indígenas, se divide en tres grandes complejos culturales: los pueblos con sus respectivos clanes que se identifican bajo la divinidad del yurupari (tanimuca, yucuna, cubeo, macuna, macuje, yujup, caviyari, bara, barazano, yauna, letuama, matapi, jeruriwa); los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce (murui, muina, bora, muinane, ocaina, miraña, nonuya, andoque, okaina, roziro) y los indigenas de tabaco y agua (omaguas, ticuna, yaguas y cocama).
Estos complejos culturales, que se denominaron Asociaciones de Autoridades Tradicionales Indígenas Amazónicas (AATI) como Sujetos de Reparación Colectiva, han recibido acompañamiento y asesoría institucional, conformando tres ejes territoriales dependiendo de su ubicación geográfica.
| Eje Caquetá (Zona del Bajo Caquetá, Mirití Paraná y Apaporis) | Eje Amazonas (Zona del Trapecio Amazónico) | Eje Putumayo (Zona del Río Putumayo) |
| Asociación de Capitanes Indígenas del Yaigojé-Apaporis (ACIYA) | Asociación de Cabildos Indígenas del Trapecio Amazónico (ACITAM) | Asociación de Autoridades Indígenas de Tarapacá Amazonas (ASOAINTAM) |
| Asociación de Capitanes Indígenas de Mirití Amazonas (ACIMA) | Asociación de Autoridades Indígenas Ticuna, Cocama y Yagua (ATICOYA) | Consejo Indígena Mayor del Pueblo Murui (CIMPUM) |
| Asociación de Autoridades Indígenas de Pedrera Amazonas (AIPEA) | Asociación Zonal de Cabildos y Autoridades Indígenas de Tradición Autóctona –Trapecio Amazónico (AZCAITA) | Cabildo Indígena Mayor de Tarapacá (CIMTAR) |
| Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA) | Cabildo Indígena Herederos del Tabaco, Coca y Yuca Dulce (CIHTACOYD) | Consejo Indígena de Puerto Alegría (COINPA) |
| Asociación de Autoridades Indígenas del Pueblo Miraña y Bora del Medio Amazonas (PANI) | Cabildo de los Pueblos Indígenas Urbanos de Leticia (CAPIUL) | Asociación de Autoridades Indígenas de la Zona Arica (AIZA) |
| Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de La Chorrera (AZICATCH). |
En 2018, la Unidad para las Víctimas notificó a estos 16 Sujetos Étnicos para avanzar en la construcción de sus Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC). Al año siguiente, se realizó la protocolización de las acciones planteadas para reparar los daños y afectaciones que sufrieron los pueblos indígenas del Amazonas en el marco del conflicto armado. “En el año 1998 llegó acá la guerrilla, del 1998 al 2004. Llevaron menores a las filas de ellos, comieron de nuestras chagras, intimidaron a las autoridades, a los abuelos, a las mamás, a los niños. En el 2015 hubo un atentado en el puente de La Chorrera donde mataron a seis soldados, hubo una balacera entre el puente y el internado quedando en medio los niños”, recordó el representante de las AATIS, Pablo Neikase.
A partir de este hecho, las y los habitantes de La Chorrera buscaron a comunidades indígenas que también habían sido víctimas del conflicto para organizarse e iniciar el camino a una reparación colectiva a través del Decreto Ley Étnico 4633, que dispone de medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.
‘Palabra de vida’
“Los pueblos indígenas han sido víctimas del conflicto armado, esto ha afectado sus vidas a nivel individual y sus formas de gobierno propio, sus territorios y el proyecto colectivo que tienen como comunidades y pueblos indígenas. Por eso, los procesos de la Unidad están encaminados a reparar estos daños. Creemos que la construcción de un país en paz incluye a los pueblos indígenas, pueblos indígenas que protegen el territorio, que perviven culturalmente y que construyen país”, mencionó el director territorial de la Unidad para las Víctimas en Meta y Llanos Orientales, Andrés Dhujiah Aguilar Estupiñán.
Durante la VIII Mesa Protocolo de Participación Indígena del Amazonas ‘Palabra de Vida’ y la Mesa de Seguimiento de los 16 Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) del departamento, se contó con la presencia de una delegada del Ministerio del Interior.
Además, se realizó la presentación del avance en la implementación de los PIRC, se socializó la propuesta de acciones a implementar por las AATI para el 2023 y se conformaron mesas de trabajo para la programación del plan de trabajo para el 2023.
En la jornada se dio espacio a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la cual, de manera virtual, prestó asesoría a las AATI.
Asimismo, la Unidad para las Víctimas socializó las acciones a implementar en articulación con entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas (SNARIV), con el fin de aportar a la garantía de No Repetición y Satisfacción como sujetos colectivos enmarcada en el Decreto de 4633; la propuesta de ruta de atención, asistencia y reparación individual; el Auto 0092 y los programas que se han implementado con los pueblos indígenas y la ruta de retornos y reubicaciones.
Este evento constituye un hecho histórico, no solo por lograr reunir a 16 Sujetos Étnicos en un territorio de difícil acceso como La Chorrera, sino porque fue la primera vez que un director territorial llega hasta esta zona para interlocutar directamente con las comunidades. “La presencia del director ha sido fundamental para tener ese diálogo directo con las autoridades indígenas y porque permite traer al Estado y conectarse con los pueblos que hoy necesitan esa reparación colectiva por ser víctimas del conflicto armado”, expresó Alexis Damancio, de la Asociación de Autoridades Indígenas Ticunas, Cocomas y Aguas.
El evento culminó el 18 de noviembre con compromisos adquiridos, tanto por parte de la Unidad para las Víctimas como por las y los delegados de los Sujetos de Reparación Colectiva. Entre lo pactado, estuvo continuar implementando los PIRC para el 2024, incluyendo las acciones pendientes; y establecer convenios para la ejecución de lo estipulado durante las jornadas de trabajo.
“De la octava mesa vamos a sacar un buen trabajo, va a haber un acuerdo mutuo. El director está muy presto, tenemos la sensación de que esto avanzará y la gente saldrá muy contenta de este evento”, afirmó el representante de las AATIS, Pablo Neikase.
En el marco del encuentro, la Unidad para las Víctimas entregó a delegados del resguardo La Victoria, la resolución en la que se reconoce los daños sufridos a nivel colectivo y se le incluye en el Registro Único de Víctimas (RUV), con lo que se espera iniciar el proceso de reparación colectiva con esta comunidad indígena.
“En la Unidad para las víctimas “Cambiamos para servir”, con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos”.
