La Unidad para las Víctimas entregó los resultados de la certificación territorial 2020 que mide el nivel de contribución de los departamentos, distritos y municipios al diseño, implementación y seguimiento de la política pública de víctimas, a través del cumplimiento de sus competencias en materia de prevención, protección, asistencia, atención y reparación integral.
Las entidades objeto de esta certificación territorial son las 1.133 entidades constituidas administrativa y presupuestalmente, como los son las 32 gobernaciones y las 1.001 alcaldías.
Al respecto el director de la Unidad, Ramón Rodríguez, aseguró que “hemos logrado identificar cuáles son esos municipios o departamentos que han dado cumplimiento a la política pública de atención a víctimas de forma sobresaliente, de una forma moderada y de forma deficiente. Esas certificaciones les permiten a los entes territoriales establecer su plan de mejoramiento para que logremos que esa política pública, que de pronto quedo en los planes de desarrollo, se vea reflejada en la atención a las víctimas”.
El nivel de contribución hace referencia al avance de las acciones que desarrolla cada entidad territorial de acuerdo con sus competencias. Los niveles de contribución para la certificación se escalafonan entre; ejemplar, media, baja y deficiente.
“Las calificaciones que se tienen y que aparecen bajas, tanto en los departamentos como en los municipios, serán la oportunidad para presentar esos planes de mejora frente a la información”, aseguró el director de la unidad.
Por su parte, la Subdirectora de Coordinación Nación Territorio de la Unidad, Carolina Cotes, aseguró que “ya contamos con los resultados de la certificación territorial de la vigencia 2020, los cuales serán enviados esta semana a las entidades territoriales con el propósito fundamental de que podamos hacer unos planes de mejoramiento, especialmente en esos componentes, en esas acciones donde hace falta que podamos de manera mancomunada y conjunta trabajar más acciones que permitan el acceso efectivo de las víctimas a la oferta institucional y al goce efectivo de sus derechos”.
Durante el año 2020 se construyó la metodología de certificación para la vigencia 2020-2023, de acuerdo con las competencias de las entidades territoriales en la implementación de los componentes de la política pública de víctimas. La definición de los criterios se realizó por primera vez con la participación de las víctimas, para lo cual durante el mes de julio del 2020 se llevó a cabo una jornada virtual con el comité ejecutivo de la mesa nacional, los coordinadores de las mesas departamentales y distrital, los delegados de la mesa nacional de participación efectiva de las víctimas a los diferentes subcomités técnicos, representantes de las diferentes áreas misionales de la Unidad y de la Unidad de Restitución de Tierras.
Teniendo en cuenta que la vigencia 2020 fue un año de inicio de las nuevas administraciones territoriales, se destaca que se tuvieron en cuenta criterios para la valoración de la implementación de la política pública de víctimas en la planeación territorial, a través de la inclusión de la política pública de víctimas en el Plan de Desarrollo 2020-2023, la formulación y aprobación de los Planes de Acción Territorial 2020-2023, la asignación presupuestal a los componentes de la política y armonización presupuestal del Plan de Desarrollo con el Plan de Acción Territorial, permitiendo así la garantía de la implementación y el seguimiento a la política de víctimas en los territorios.
Resultados por entes territoriales
Los resultados de las gobernaciones evidencian que el 52% tuvieron como resultado un nivel medio, seguido por un nivel ejemplar con el 32%, y un 16% con nivel de contribución bajo. Para el caso de los municipios, la metodología de certificación cuenta con 51 criterios de evaluación y para la vigencia 2020, se realizó la revisión de la contribución de 1.100 municipios del país, teniendo como resultado que el 52% (correspondiente a 572 municipios) tuvieron un nivel de contribución medio, el 23% (correspondiente a 250 municipios) un nivel bajo, seguido por el 22% (correspondiente a 241 municipios) en nivel ejemplar y un 3% (correspondiente a 37 municipios) en nivel deficiente.
Dentro de la revisión municipal se destaca la revisión de la contribución de 31 ciudades capitales exceptuando a San Andrés Islas. Se evidencia que el 65% tuvieron un nivel de contribución medio, seguido por un 23% con resultado ejemplar, el 10% un nivel bajo y 3% (correspondiente a una entidad territorial) deficiente.
Para los 170 municipios priorizados con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se tuvo como resultado de certificación territorial que el 21% (correspondiente a 35 municipios) tuvieron un resultado ejemplar, el 65% (correspondiente a 111 municipios) un nivel de contribución medio y el 14% (correspondiente a 24 municipios) un nivel bajo.
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