La reparación individual y colectiva de miles de víctimas de Fraguas (Machuca), en el municipio de Segovia, El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango, es una de las prioridades del Gobierno nacional en Antioquia, en su apuesta de superar los rezagos con algunas de las comunidades más remotas y afectadas por el conflicto armado.
Estos corregimientos hacen parte de un plan piloto que coordinará la Unidad para las Víctimas. “Son comunidades alejadas donde persiste la vulnerabilidad de la población por la violencia, la pobreza y múltiples derechos vulnerados y por eso se puso en marcha una estrategia de reparación integral transformadora”, explica la directora de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, Claudia Patricia Vallejo Avendaño.
Además, enfatiza “lo que se pretende es acercar la oferta del Estado y el propio Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV), conformado por 52 entidades públicas nacionales y territoriales, con un enfoque territorial que logre soluciones duraderas, articuladas y concertadas, para suplir las necesidades y derechos de estas poblaciones”.
En Fraguas (Machuca), donde habitan cerca de 2.500 personas, con los representantes de las comunidades afectadas por el conflicto armado se acuerdan las acciones para mejorar sus condiciones sociales, económicas y avanzar en su atención y reparación.
Ana Rosa Córdoba Moreno, presidenta del consejo comunitario de Fraguas, reclama que: “Nos reconozcan como consejo comunitario porque los afros llevamos casi 100 años asentados aquí, fuimos fundadores y por la violencia muchas veces tuvimos que abandonar el territorio”.
Por eso planteó: “Necesitamos tierras y apoyo para proyectos agrícolas, otras fuentes de empleos porque el oro se acabó y mucha gente vive de ‘barequear’. También mejorar el centro de salud, la escuela, más oferta de educación y formación de docentes”.
La lideresa recuerda que, en los últimos 30 años, “quedamos en medio del conflicto entre guerrillas y paramilitares, que asesinaron y desaparecieron personas y a varios líderes, nos desplazaron y confinaron. Yo fui víctima de eso y para poder tener a mi bebé tuve que ir a pedirles permiso para salir a un hospital”.
Por su parte, Jorge Eliécer Zapata, líder campesino reconoce que: “La expectativa ahora es grande porque pedimos la inversión social para proyectos productivos agrícolas, convertirnos en productores de arroz, plátano, yuca. También emprendimientos para mujeres, jóvenes y mejores servicios de salud y educación”.
Acciones de reparación colectiva
En Fraguas (Machuca) están registrados dos sujetos de reparación colectiva. Uno conformado por los campesinos y el otro por las comunidades afrodescendientes de las veredas El Cristo, Mata, El Cenizo y zona urbana. El primero tiene su Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) en fase de implementación y el segundo se encuentra en diseño y formulación de medidas con enfoque diferencial étnico.
Según la directora territorial, “el reto del actual Gobierno es garantizar el cumplimiento con las acciones enfocadas en la generación de proyectos productivos, indemnización, rehabilitación psicosocial, restitución de infraestructura comunitaria, recuperación de tradiciones, fortalecimiento de organizaciones sociales y memoria histórica”.
Las acciones para reconstruir los lazos comunitarios entre los campesinos y procesos de sanación ya comenzaron. Así lo reconoce el líder Jorge Eliécer parado junto al monumento en memoria de las víctimas de la masacre del ELN en 1998, en el parque del corregimiento.
El 18 de octubre de ese año, la voladura con explosivos del oleoducto causó un derrame de petróleo en el río Pocuné. Sus aguas, convertidas en llamas, alcanzaron casi un centenar de viviendas y acabaron con la vida de 84 personas que no alcanzaron a huir de sus casas y murieron quemadas; otras desaparecieron.
“Empezamos con las conmemoraciones de esos hechos violentos del pasado y actividades para la reconstrucción del tejido social y de recuperación emocional”, dice en referencia a la estrategia de rehabilitación comunitaria psicosocial ‘Entrelazando’, liderada por la Unidad para las Víctimas.
Entre las acciones destacan el acto simbólico en el cerro La Cruz, donde se produjo el atentado guerrillero hace 25 años. “Allí sembramos árboles para que crezcan al pie de la cruz como símbolo de paz y también recorrimos los sitios donde ocurrieron los hechos violentos para hacer duelos colectivos”, relata Rosalba Uribe, víctima y una de las líderes ‘tejedoras’.
Por otro lado, el plan de reparación con los afrocolombianos está cerca de un gran avance con la indemnización colectiva que se concertará para el próximo mes. Según el líder Jhon Jairo Robledo, con esta medida “vamos a priorizar la compra de tierras para desarrollar proyectos productivos y conservación de nuestra identidad cultural”.
Además, la recuperación de tradiciones como la medicina ancestral, la gastronomía, los alabaos, las cantaoras y la Fiesta de las Negritudes. También la adecuación y dotación de casas de gobierno y canchas en las veredas y acciones de memoria histórica para reivindicar la resistencia de sus habitantes.
Con esta estrategia integral transformadora con enfoque territorial, la Unidad para las Víctimas coordina este próximo fin de semana una jornada interinstitucional en el corregimiento El Aro para responder a necesidades como la legalización y restitución de tierras, proyectos productivos agropecuarios, servicios públicos y la reparación a las víctimas.
Por otra parte, en La Granja, donde en 1996 los grupos de autodefensas asesinaron a cinco campesinos y donde ocurrieron otros hechos victimizantes como desapariciones y desplazamientos, la reparación colectiva comenzó con la estrategia de rehabilitación comunitaria ‘Entrelazando’ y la entrega de dotación deportiva para la recuperación de prácticas sociales. Se planean proyectos productivos de ganadería, café y frutas y adecuación de la cancha polideportiva.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir”, con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
