Una exploración de posibilidades de incidencia de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de la Víctimas al Comité Nacional de Participación fue motivo de diálogo entre los representantes y la Subdirección de Participación de la Unidad para las Víctimas en el plenario que se desarrolló durante tres días en Neiva (Huila).
El Comité Nacional de Participación es una instancia especial y transitoria, articulada a la Mesa de Diálogos de Paz con el Eln, que desempeñará un papel fundamental como organismo encargado de diseñar y promover la participación de la sociedad en el proceso de paz, el cual fue instalado el pasado 2 de agosto.
“Tenemos unas responsabilidades de construir la participación, llevar los mejores insumos, no sólo con la Mesa Nacional de Víctimas, sino con los territorios, las víctimas en el exterior, los pueblos étnicos…”, dijo la subdirectora de Participación, Alejandra Llano.
Esta posibilidad de incidencia podría pensarse en la organización de espacios territoriales para escuchar de manera directa a las personas en dónde más las ha afectado el conflicto por parte del Eln como Arauca, Chocó y Catatumbo, entre otros, y que esas propuestas de construcción de paz se canalicen a través de voceros de la Mesa Nacional de Participación.
Precisamente, la representante de la Mesa Nacional, delegada del Consejo Nacional de Paz, y de este al Comité Nacional de Participación, Yolanda Perea, dijo que es “importante ver cómo la participación, y cómo desde la Mesa Nacional, se están construyendo propuestas articuladas que permitan llevar una voz conjunta de las víctimas frente a ese mecanismo de participación para que nadie se quede por fuera”.
Explicó que son 30 sectores con 81 personas de representación de la sociedad, en las que están incluidas la coordinadora de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, Eucaris Salas, y la de ODV Iniciativas Mujeres por la Paz, Ángela Cerón, “nos unimos para hilar conjuntamente en pro de una participación efectiva, articulada y real frente a estos diálogos con el ELN cuando llegue el momento de que todo el sector colombiano participe.
“Por eso es importante que la voz de cada uno de esos sectores, especialmente de las víctimas y de los pueblos étnicos, raizales y palenqueros, estén incluidos y ahí estamos trabajando arduamente para que nadie se quede sin esa voz”, dijo la delegada Yolanda Perea.
Precisamente, para cumplir con este objetivo, la subdirectora de Participación propuso un plenario de Mesa Nacional en el que se dialogue exclusivamente del tema de paz y sus propuestas. “No se puede perder la perspectiva de las víctimas en ese espacio. Hay que llevar insumos sobre violencia sexual, reclutamiento forzado, desplazamiento…llevar los insumos allá, que las compañeras no estén solas”, dijo.
Lo ejes temáticos de la incidencia
Alejandra Llano insistió en la postura de que la Mesa Nacional es un colectivo que debe fortalecerse para la incidencia en las políticas públicas para víctimas. “Qué los une como Mesa Nacional, no a partir de las diferencias, sino a partir de sus puntos en común”.
Y los une, la situación de violencia y conflicto generada por los grupos armados, la lucha por los derechos de las víctimas, la organización y mirada territorial y la capacidad de resiliencia.
Por ello, la funcionaria habló sobre la importancia de trabajar en la identidad y agenda de la mesa, y en la estrategia de negociación; en los perfiles de los voceros, en el acompañamiento técnico de las Organizaciones Defensoras de los Derechos de las Víctimas (ODV) que hacen parte del colectivo.
“Ustedes representan a casi 10 millones de víctimas, no es una cifra menor, no es un trabajo menor. Los representan por departamentos, por hechos victimizantes y enfoques diferenciales. Ustedes tienen una estructura, son conocedores de la Ley, tienen la experiencia como líderes y lideresas en los territorios…es hora de encauzar todas sus fortalezas”.
Por lo anterior, fue retomado el trabajo realizado en la sesión plenaria en el municipio de Yopal (Casanare), en la que los líderes y lideresas aportaron en lo que debe hacerse para la reparación integral a las víctimas en 9 líneas temáticas: seguridad, salud, tierras, proyectos productivos, educación, enfoques diferenciales, paz total y sujetos de reparación colectiva, además de los ajustes que deberían surtirse en la Unidad para las Víctimas, como coordinadora del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV).
La propuesta es que por cada eje temático haya un vocero que entable una conversación directa con las instituciones responsables del tema acompañado técnicamente por los que integran la comisión temática. Posteriormente, el mismo equipo realizará las labores de seguimiento.
Las víctimas en el Huila
La Mesa Nacional de Participación escuchó al Comité Ejecutivo de la Mesa Departamental del Huila, región en la que se llevó a cabo el encuentro.
La coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas del Huila, Edna Rocío Pinto Serrato, señaló que la situación de orden en el público es preocupante: reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, amenazas, extorsiones…
“Hay mucho temor, los líderes y lideresas están muy atemorizados, no quieren denunciar. Queremos saber qué está pasando con las rutas de protección y las alertas tempranas. En dónde están las instituciones”.
La lideresa hizo un balance general de la situación de las víctimas en este departamento en temas como garantías de participación, indemnizaciones administrativas, atención y reparación a las víctimas, certificación territorial, garantías de no repetición, el papel de los funcionarios enlaces de víctimas de alcaldías, personerías, procuraduría. “Necesitamos acciones concretas”, dijo.
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV) -corte 30 de junio de 2023-, en el Huila hay 220.897 víctimas. La amenaza (18.501), el desplazamiento forzado (205.276) y el homicidio (23.922) son los hechos victimizantes de mayor ocurrencia; y los municipios más afectados son Neiva, Algeciras y Pitalito.
Precisamente, esta situación que afecta a las víctimas del Huila y de todo el país fue analizada con el delegado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien escuchó la difícil situación de amenazas a líderes y lideresas de víctimas y defensores de derechos humanos y las medidas de protección que se estudiarán para casos específicos.
El espacio contó, además, con la participación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio del Interior, y el Centro de Memoria Histórica.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
