Esta semana, la Unidad para las Víctimas entregó indemnizaciones administrativas a 718 víctimas del conflicto armado por más de 12.561 millones de pesos ($12.561.253.014). Estas corresponden a una de las medidas de reparación económica a que tienen derecho todas las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Durante la jornada, los y las magdalenenses y colombianos(as) residentes en el departamento pudieron conocer la oferta de reparación integral que tiene la Unidad para las Víctimas, así como la de otras entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación integral a Víctimas (SNARIV), es decir, todo el conjunto de medidas de reparación.
Asimismo, las y los asistentes recibieron información sobre la ruta de atención psicosocial que corresponde a la medida de rehabilitación para acceder a la estrategia de recuperación emocional, tanto individual como colectiva.
De esta manera, la Unidad para las Víctimas mantiene informadas a las víctimas acerca de las atenciones para sus municipios, veredas y corregimientos donde haya grupos considerables de víctimas que nunca han accedido a este tipo de medidas por desconocimiento de sus derechos. Además, se busca analizar los daños causados en el marco del conflicto y que, de manera conjunta, sanen, se recuperen para avanzar a una vida digna en sus territorios con garantías de no repetición.
“En el Magdalena seguimos avanzando, las indemnizaciones es una de las medidas en el marco de la reparación integral y la Unidad para las Víctimas tiene una serie de estrategias que nos están permitiendo a todas las áreas misionales acercamiento a las víctimas de manera individual y colectiva; tenemos como meta acércanos al mayor número de víctimas especialmente en las zonas rurales”, aseguró Audes Jiménez González, directora territorial del Magdalena.
Otra de las actividades durante las entregas de las indemnizaciones, es la asesoría para la inversión adecuada de los recursos, ya sea para estudios, materialización de ideas de negocio, mejoramiento de vivienda, fortalecimiento de sus prácticas económicas ancestrales (pesca, tejidos, agricultura, turismo), que garantizan su estabilidad económica y la consolidación de sus proyectos de vida.
Para Aura María Hernández, de Norte de Santander y residente en Santa Marta desde hace 33 años, la indemnización es una oportunidad para tener su vivienda propia: “Con el favor de Dios me quiero comprar un lote para mi casa. No sé, si en Santa Marta o en Cúcuta, pero la idea mía es que sea aquí, porque como dicen ‘quién bebe agua del río Bonda nunca se va de Santa Marta’ y yo estoy muy amañada aquí”.
María Isabella Vargas fue otra de las víctimas indemnizadas: “Los hechos ocurrieron en Palmor, Sierra Nevada de Santa Marta hace 44 años. Allá asesinaron a mi esposo y me desplacé con mis hijos. Hoy estoy muy feliz, porque sané todo mi dolor, todo se lo dejé a Dios. Nunca en mi vida había tenido tanto dinero. Soy una señora de 74 años y vivo en un cerro y ahora quiero vivir en una casita en zona plana para que no me toque subir escaleras”.
Es importante señalar que la indemnización es una medida de reparación económica que busca fortalecer y reparar a las víctimas afectadas en el marco del conflicto armado por hechos victimizantes como el abandono, despojo de tierras, amenaza, violencia sexual, desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidio, minas antipersonales, secuestro, tortura, reclutamiento forzado, confinamiento, entre otros.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
