La presencia en el territorio de grupos armados al margen de la ley que mantienen desde el pasado 26 de septiembre en confinamiento a más de mil indígenas embera víctimas de las comunidades Nejondó, Koredó y Kapupudó ubicados al sur del departamento, más exactamente en inmediaciones del municipio de Tierralta, Córdoba, donde la Unidad para las Víctimas se desplazó en lancha desde Puerto Frasquillo hacia el sur del río Sinú en el Nudo del Paramillo y logró la asistencia, apoyo y la atención a las 271 familias indígenas desplazadas.
Fue así como en ocho canoas se llevaron las 14 toneladas de ayudas humanitarias de emergencia a estas familias que por tercera vez son víctimas de desplazamiento, desde el año 2019, tras enfrentamientos entre grupos ilegales y tropas del Ejército Nacional.
Para esta entrega, que ocurrió el pasado fin de semana, la Unidad concedió los kits con contenido alimentario, de aseo y kits escolares para niños y niñas que incluían cartillas, borradores, reglas, cajas de colores, cuadernos, tajalápiz y morrales.
“Desde que tengo conocimiento, a la edad de 6 años”, dice Diluvia Domicó, su pueblo Embera Katío ha sufrido violaciones a los derechos humanos. Ella tiene 27 años y recibió la ayuda humanitaria inmediata por el desplazamiento sufrido el 26 de septiembre de 2022.
“Esta ayuda nos beneficia, especialmente a los niños, en materia de alimentación porque en nuestra comunidad escasea el alimento, ya que hay grupos armados que no nos dejan cultivar porque dicen que está prohibido, y que ellos no responden”, agrega Diluvia.
Darío Arias Domicó, docente y líder indígena, afirma que, pese a la ayuda, “las necesidades siguen porque debido a los problemas de orden público no sabemos cuándo vamos a retornar”.
Para Marcelo Vega Avena, director territorial de la Unidad “con esta entrega por parte de la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias (SPAE) de la Unidad para las Víctimas, se brinda apoyo en materia de atención a emergencias humanitarias causadas por desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes, de forma que complementen las intervenciones ya adelantadas por el ente territorial y que garanticen el mínimo vital de las comunidades afectadas”.
Para su retorno, las comunidades solicitaron el acompañamiento y se está analizando en el marco del Comité de Justicia Transicional las condiciones de seguridad como uno de los principios fundamentales para ello”, aseguró Vega Avena.
