Padres, madres y hermanos de los 22 cadetes muertos en el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, ocurrido el 17 de enero de 2019, llegaron con los rostros de sus seres queridos estampados en camisetas y retablos que ubicaron frente a la directora general de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, como un acto preliminar de lo que sería una tarde de escucha.
Vinieron de diferentes partes del país a levantar la voz por sus familiares, que murieron tras la explosión de un carro bomba, atentado que luego se atribuyó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que rompió las negociaciones de paz que se habían iniciado en el gobierno de Iván Duque.
Llegaron a exigir verdad y justicia. Y mucho más ahora que el gobierno del presidente Gustavo Petro reanudó una mesa de diálogo con esa guerrilla, en la que quieren asiento. También, pidieron el esclarecimiento de los hechos, estas familias señalan que sus hijos e hijas estaban estudiando y no hacían parte aún de la fuerza pública. Reclaman el reconocimiento de las fallas en la seguridad en la Escuela de Cadetes -por acción u omisión-, la responsabilidad de la justicia que dejó libres por vencimiento de términos a cinco personas presuntamente implicadas, y a la falta de acompañamiento integral de las instituciones.
En este diálogo franco y abierto, las familias de los cadetes solicitaron además a la Directora de la Unidad para las Víctimas la inclusión de todos ellos en el Registro Único de Víctimas (hacen falta algunos), el reconocimiento de su victimización, el acceso a sus derechos, atención psicosocial y acompañamiento jurídico.
“Ustedes han pasado por situaciones muy difíciles y sé que han luchado porque sus voces sean escuchadas. Los procesos de paz requieren las voces de las víctimas y no podemos desconocer las voces de las víctimas que hacen parte de las Fuerzas Militares”, dijo la directora, al tiempo que señaló que éstas ayudarán a hacer eco y una reflexión honda y pública de que atentados como ese no pueden volver a ocurrir, porque sería una condena a más generaciones.
”Nuestras vidas cambiaron totalmente. Queremos saber la verdad, queremos justicia sin dilaciones, queremos un diálogo con el ELN”, dijeron los familiares.
Al final, la directora Patricia Tobón Yagarí dijo que debía avanzarse en el registro y la caracterización de las familias que faltan, sin revictimización, en la coordinación con la Defensoría del Pueblo para una asesoría legal y acceso a la justicia, en un acto de reconocimiento, en la inclusión de sus voces en los diálogos con el ELN.
Las madres, padres, hermanos agradecieron el diálogo. La subdirectora de Participación de la Unidad para las Víctimas, Alejandra Llano, quien acompañó el espacio y se encargará de continuar las acciones previstas, lo calificó como un acto de amor y de valor, como un acto de pedagogía “Que se escuchen las voces de las víctimas, que se escuche su pluralidad. La verdad sí repara, sana y transforma”.
“Escuchamos a los familiares de las víctimas. Ellos nos han pedido que sus voces sean escuchadas dentro en el proceso de diálogo que el Estado colombiano está realizando con el ELN. Nosotros como Unidad, dentro de la ruta de escucha de las víctimas del conflicto armado, estamos generando un espacio preparatorio para que puedan relatar lo que han padecido como consecuencia de este conflicto y acompañarlos en actos conmemorativos que visibilicen esta situación que vivieron para la reconstrucción de verdad y de paz, y de reconciliación en el país”, dijo Patricia Tobón Yagarí.
