Luego de cinco años de trabajo liderado por la Unidad para las Víctimas, que junto con la comunidad permitió desarrollar jornadas de alistamiento, identificación y diagnóstico de los daños sufridos en este territorio por el accionar de grupos armados ilegales, se logró protocolizar el plan de reparación colectiva para el pueblo pijao de Ataco.
“Esto significa el premio a nuestra lucha, representa el restablecimiento de nuestros derechos; este plan marca un camino para avanzar en la reconstrucción de nuestros territorios, que a causa de la violencia quedaron abandonados y destrozados, y en los que nuestros pobladores sufrieron los efectos del desplazamiento y pérdida de bienes materiales e inmateriales, como también de seres queridos”, señaló Carlos Rodríguez Millán, coordinador de la Mesa Permanente de Concertación Indígena del Pueblo Pijao.
Las medidas establecidas comprenden el rescate de sus costumbres, el fortalecimiento de la etnoeducación propia y la promoción de su cultura e identidad, especialmente en los niños, niñas y adolescentes. “Queremos trabajar por la conservación de nuestras raíces, fortalecer nuestro sistema de salud, nuestra medicina natural y ancestral, rescatar nuestras prácticas culturales, trabajar por la reconstrucción del tejido social y el reencuentro con nuestros sitios sagrados”, agregó Rodríguez Millán.
El pueblo pijao de Ataco está conformado por ceca de 2.000 personas pertenecientes a nueve comunidades; su Plan Integral de Reparación colectiva (Pirc) también contempla el estímulo a los procesos productivos con vocación agropecuaria y artesanal con el fin de generar formas de trabajo y sostenimiento económico para los mayores y las mujeres.
El monto total de la inversión para la reparación asciende a más de $3.800 millones que serán ejecutados a tres años, a partir de 2023, y comprende 17 medidas, entre las que se encuentran cuatro de satisfacción, cinco de rehabilitación, cuatro de garantías de no repetición, tres de restitución y una medida de indemnización.
En este proceso ha sido fundamental el apoyo y la articulación con entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación, la Gobernación del Tolima, la Alcaldía de Ataco y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES.
