Más de 3.600 casos de fraudes y estafas ha denunciado la Unidad para las Víctimas ante la Fiscalía General de la Nación

La Unidad para las Víctimas reportó que, con corte al pasado 31 de marzo, ha recibido un total de 9.457 quejas, de la cuales 3.637 han sido efectivamente denunciadas la Fiscalía General de la Nación. De éstas, 153 corresponden a casos ocurridos en Norte de Santander, lo que posiciona al departamento en el noveno lugar con relación a los 31 departamentos donde se han presentado los hechos de corrupción; y 14 casos corresponden a Arauca, y lo ubican en el lugar 26 de la tabla.

¿Cómo estafan a las víctimas?  

Según la información recopilada por la Unidad para las Víctimas, a través del Grupo de Indagación y Protección Contra Fraudes (GIPF), hay casos en los que, a través de información falsa y con la adulteración de documentos, delincuentes logran obtener la inclusión en el Registro Único de Víctimas (RUV) y así recibir los beneficios que otorga el Estado a la población víctima.

También ocurre que particulares o funcionarios entregan información confidencial sobre las indemnizaciones a tramitadores, para buscar retribuciones económicas.

La Unidad para las Víctimas también ha conocido casos de grupos políticos que, a través de sus candidatos, aseguran que entregarán ayudas humanitarias u otro tipo de beneficios a la población desplazada.

Según la información suministrada, mediante las denuncias interpuestas por la Unidad para las Víctimas tan solo se ha logrado la recuperación de un monto en dinero que no llega a los 83 millones de pesos en todo el país. Esto evidencia la importancia de promover la denuncia y la participación ciudadana para impulsar las buenas prácticas administrativas y de prevención.

Esta tabla muestra dónde ocurrieron los 167 casos reportados en la Dirección Territorial Norte de Santander-Arauca:

Para Judith Maldonado Mojica, directora de la territorial Norte de Santander y Arauca es “triste, lamentable e inaceptable que, sabiendo que las víctimas primero padecieron un hecho que no debieron haberlo sufrido y que llevan años o décadas esperando, después se vean defraudadas o estafadas, porque están desinformadas y son objeto de fácil manipulación”.

Y agregó: “Lo vemos, por ejemplo, con quienes ofertan supuestamente sus servicios legales y profesionales, bajo la recaudación de unos pagos, como tuvimos aquí (en Cúcuta), un caso que denunciamos y también tomamos medidas frente a un colaborador de la entidad, que le pedía a las víctimas 80.000 pesos bajo la promesa de garantizar un derecho, entonces hacen una recaudación de fondos y de grano en grano, pues llega a ser una suma considerable”. 

Mencionó también un caso que ocurrió en Arauca, donde les pedían a las víctimas 60.000 pesos para recibir poderes, con el fin de tramitar derechos de petición para, supuestamente, lograr beneficios que son parte de la oferta institucional de la entidad, cuando es sabido las víctimas pueden acceder fácilmente por sus derechos y sin intermediarios. “Una víctima que recibió su carta de indemnización me comentó que debía pagarle a un abogado tres millones y medio de pesos. Yo le dije: No, porque la entrega de la carta es un proceso administrativo y no hubo, ni siquiera, el trámite de una acción de tutela como para decir que se trata de una orden judicial. El abogado no hizo nada para que ella recibiera esa carta, sino que la indemnización llegó en el grupo de municipalización que estaba programada para la entrega y le recomendé que lo denunciara ante el Consejo Superior de la Judicatura, porque la indemnización no se obtuvo mediante ningún proceso judicial, ni la logró él como abogado”, explicó.

Por su parte, Saúl Hernández, del Grupo de Defensa Judicial de la Unidad para las Víctimas mencionó que, si bien a la entidad han llegado más de 9.000 quejas, solamente se han podido presentar 3.637 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, es decir, solo una tercera parte. Esto, porque no todas las quejas que llegan son objeto de denuncia debido a que muchas son presentadas de forma anónima, con información precaria sobre los hechos y sin los datos para ser contactados y poder así obtener más información que le permita al equipo jurídico tener los elementos probatorios suficientes para iniciar con los procesos de denuncia formal.

En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.