“Volví a reencontrarme con mi madre con la que hacía cuatro años no nos veíamos ni hablábamos a pesar de que hay un motivo de tristeza, pero también de satisfacción”, relató Misael Arrieta, líder indígena de la comunidad zenú que padeció la violencia tras ver desaparecer por culpa de los grupos al margen de la ley a sus dos hermanos y a su padre. Hoy recibirá a su hermano que vio por última vez en 1995.
Gracias a la articulación del Grupo de Enfoque Psicosocial de la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (GRUBE) de la Fiscalía General de la Nación estas familias recibieron este 17 de junio los cadáveres.
Los 27 familiares provenientes de San Pedro de Urabá, Ituango, y Mutatá, recibieron orientación y acompañamiento psicosocial para que puedan tener un restablecimiento emocional, familiar y social durante estos tres días, tras el impacto que genera la información detallada de las diligencias forenses.
“Fue una época dura. Yo era el mayor de nueve hermanos y teníamos que trabajar para poder salir adelante y tener sustento”, recuerda Arrieta quien en 1995 se enfrentó al jefe del grupo que operaba en su territorio con machete en mano para que dejara en paz a su familia, pero este enfrentamiento le causó el destierro de su lugar de origen y la causa de desintegrar a su familia.
Hoy vive un poco más tranquilo a sus 53 años, con cuatro hijos y tres nietos, Córdoba. “Gracias a este acompañamiento podemos descansa, saber qué fue lo que pasó con mi hermano, mi madre y tener esa satisfacción”, dijo.
“Con el acompañamiento psicosocial se busca mitigar el impacto y dolor emocional de las familias de víctimas de desaparición forzada y homicidio y, así mismo, garantizar la participación de los familiares, cubriendo el transporte, hospedaje, alimentación y elementos fúnebres empleados durante las diligencias, de acuerdo con sus creencias y costumbres”, manifestó Wilson Córdoba, irector de la Unidad para las Víctimas en Antioquia.
En Antioquia, se ha logrado desde el 2016 garantizar la participación de 1.386 familiares en actos de entrega digna de cadáveres de víctimas directas de desaparición forzada y/o homicidio.
De acuerdo con el Registro Único de Víctimas (RUV) en el país hay 50.634 víctimas directas y 138.045 indirectas asociadas al delito de desaparición forzada; de estas, 12.487 en Antioquia.
La Unidad para las Víctimas entre 2012 y marzo de 2022 ha entregado 10.250 giros de ayuda humanitaria a familiares de víctimas de desaparición forzada con una inversión que supera los $13.162 millones. De igual manera, 64.145 personas han sido beneficiadas con indemnización administrativa y judicial con una inversión de $532.116 millones.
FIN SMC/COG
