Funcionarios del Ministerio Público, enlaces municipales y secretarios de Gobierno de 15 municipios del Valle del Cauca se reúnen desde este miércoles, 8 de noviembre, y hasta el viernes, 10 de noviembre, en una jornada de formación para fortalecer la toma de declaraciones individuales y masivas de las víctimas del conflicto armado, así como la respuesta ante emergencias humanitarias.
La toma de declaración a la ciudadanía se realiza ante la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría o las Personerías locales para solicitar el reconocimiento como víctimas tras haber sufrido hechos victimizantes en el marco del conflicto armado.
Durante esta jornada, se hace énfasis en la importancia que tiene el ejercicio de la toma declaración para acceder a los derechos que otorga el Estado colombiano a las víctimas. Para ello, se abordaron temas como contexto del conflicto armado en el Valle del Cauca, desafíos y barreras en el acceso y actividades de mejora en la toma de declaración, entre otros.
En cuanto a temáticas de emergencias humanitarias, la agenda contempla aspectos como la actualización de planes de contingencia y la asistencia técnica diferencial para eventos masivos (desplazamiento y confinamiento).
La directora territorial de la Unidad para las Victimas en el Valle del Cauca, Rosiris del Socorro Angulo, destacó la importancia de fortalecer la labor de quienes son la puerta de entrada de las víctimas a la ruta de atención, haciendo además un ejercicio de escucha de los retos y desafíos que tiene cada territorio.
Por su parte, la personera de Andalucía, Viviana Morales, precisó que: “Este espacio nos permite, de cara a nuestros territorios, observar cómo está el panorama departamental y nacional y las dinámicas del conflicto. Eso nos posibilita tener un enfoque y poder ajustar nuestras agendas de trabajo con los retos que esto implica en términos del conflicto armado, de las víctimas y de su debida atención”.
En la Unidad para las Víctimas “Cambiamos para servir” con el objetivo de seguir trabajando en acciones de cara a la implementación de una política que contribuya a la superación de los rezagos, brinde una reparación transformadora y le permita a quienes han padecido el conflicto armado acceder efectivamente a sus derechos.
