Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, ratificó el compromiso de la entidad para liderar las diferentes acciones de articulación interinstitucional que conlleven a atender y reparar integralmente a las víctimas que han padecido delitos relacionados a la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el marco del conflicto armado.
Así lo aseguró durante la presentación del Sexto Informe periódico ante el Comité contra la Tortura que se realizó los días 18 y 19 de abril en Ginebra, Suiza. Tobón Yagarí hizo parte de la delegación del Estado colombiano que expuso cuáles han sido los avances en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas para contrarrestar la comisión de estos crímenes en el país y cuáles son las apuestas del Gobierno del Cambio para avanzar hacia la Paz Total.
En medio de su intervención, la directora de la Unidad reconoció el trabajo que ha realizado el Comité contra la Tortura con el fin de que los diferentes gobiernos “mejoren sus políticas para prevenir las atrocidades que se cometen en el marco de los conflictos armados y las acciones que conllevan a actos de tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos”.
Para responder a las preguntas que el Comité realizó en materia de reparación, Tobón Yagarí mencionó que, desde el 1 de enero de 2019 hasta el 1 de marzo de 2023, se han incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV) a 7.893 mujeres y 873 hombres por los hechos victimizantes de delitos que atentan contra la libertad e integridad sexual, y a 176 mujeres y 296 hombres víctimas de tortura reportada en el marco del conflicto armado, para un total de 9.238 personas registradas por estos hechos victimizantes.
Según dijo, de 2.906 mujeres pertenecen a comunidades étnicas, 295 son niños, niñas y adolescentes y 944 están en condición de discapacidad. A partir de esto, señaló que como parte de las medidas de reparación el Estado colombiano ha indemnizado, entre 2019 y 2022, a 1.597 mujeres víctimas de estos delitos por un valor de $54 mil millones.
Además, la directora general dijo que, aparte de la indemnización, la Unidad para las Víctimas ha implementado diversas medidas de reparación, incluyendo el tratamiento de traumas físicos, psicológicos y otras formas de rehabilitación. “Por ejemplo, con el Programa VIVIFICARTE, de acompañamiento psicosocial diseñado bajo un enfoque de mujer y género, la Unidad benefició a 4.769 mujeres víctimas entre 2019 y 2022. Además, otras 2.356 mujeres víctimas fueron atendidas con distintas medidas de rehabilitación entre 2019 y 2023“, indicó.
Además, resaltó que la Unidad, a través del hecho victimizante de delitos que atentan contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, no solo atiende a víctimas por acceso carnal violento o acoso sexual sino también por diferentes hechos vulneratorios de los derechos a las personas, tales como: esclavitud sexual, prostitución forzada, trabajo forzado, embarazo forzado, esterilización o aborto forzado, entre otros.
Por último, Tobón Yagarí manifestó su deseo de dejar la siguiente reflexión e invitación: el reto y la competencia de reparar a las víctimas de estos delitos es una responsabilidad que le compete a todo el Gobierno y el Estado colombiano.
“Desde la Unidad para las Víctimas seguimos trabajando en esta apuesta de afianzar la articulación interinstitucional que lideramos con el SNARIV, con el Sistema Integral para la Paz y en general con la implementación del Acuerdo de Paz. Esta es una de nuestras prioridades para los próximos años “, expresó.
