“La unidad hace la fuerza y es importante que las instituciones del Estado y todos los sectores sociales interesados hagamos ‘match’ para avanzar hacia una estrategia de soluciones duraderas que ayude a superar la situación de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia”. Este fue el llamado que hizo la directora general de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón Yagarí, en medio del foro “Soluciones duraderas para la población víctima del conflicto armado” que se realizó este jueves 2 de noviembre.
Este espacio tuvo como fin conversar acerca de cómo iniciar un proceso que permita visibilizar la situación de las personas que han padecido este hecho victimizante, identificar cuál es la oferta institucional y cuáles son las posibilidades que existen para esta población si se fortalecen las alianzas entre el Estado, los sectores económicos y la sociedad en general.
Durante el foro, la funcionaria señaló que para el Gobierno nacional es una prioridad contribuir a mejorar la situación de las más de ocho millones de personas que, según el Registro Único de Víctimas (RUV), han sido víctimas de desplazamiento forzado. Según mencionó, con el liderazgo de la Unidad para las Víctimas y de la mano del sistema de Naciones Unidas, se ha construído una hoja de ruta para impulsar esta agenda de soluciones duraderas. Reiteró que este es uno de los enfoques clave incluidos en el proyecto de reforma a la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), que se radicó ante el Congreso de la República.
“El Gobierno nacional ha acogido los esfuerzos y las recomendaciones hechas por el Secretario General de Naciones Unidas para mejorar la situación de las personas que han padecido el desplazamiento forzado, pero necesitamos el apoyo de la sociedad civil y de otros sectores económicos y sociales”, indicó Tobón Yagarí tras asegurar que también hay que fortalecer la articulación y los esfuerzos entre las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y los mandatarios locales para adelantar los procesos de intervención integral.
Además, fue enfática en que este es un trabajo que requiere de la voluntad de diferentes sectores y del trabajo articulado con el Gobierno nacional. “Requerimos una economía que ayude a superar la pobreza. Este es un trabajo que involucra a todos los colombianos y colombianas. De estos procesos debemos sacar las mejores ideas. La sociedad tiene una potencialidad enorme y unas capacidades importantes. Si todos nos unimos y hacemos este esfuerzo podemos hacer cosas muy grandes para mejorar la situación de esta población”, agregó.
Este evento fue liderado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), el Observatorio de Inversión Privada de Jaime Arteaga y Asociados, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y el Programa Suma Social (Financiado por USAID). En el conversatorio, la directora de la Unidad para las Víctimas estuvo acompañada de la directora de Prosperidad Social, Laura Sarabia; la subdirectora de Derechos Humanos y Paz del Departamento Nacional de Planeación (DNP), María Adelaida Vélez; y el director de Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Marco Romero.
